Según Mauricio Macri, de esta manera la Justicia sería más ecuánime. Se trata, en definitiva, de un nuevo avance contra la clase trabajadora, como lo fueron las primeras medidas económicas tomadas por el Gobierno: quita de retenciones al campo, transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados, apertura de mercados en desmedro de la producción local que ha caído cerca de 4 puntos en mayo y las Pymes comienzan a tener problemas-, tarifazos en los servicios y una inflación que supera ampliamente las expectativas que, con el optimismo del triunfo, calculaban los técnicos de Cambiemos en el orden de un 25 por ciento anual. Los cálculos actuales, incluso los de las consultoras afines al Gobierno, señalan una inflación interanual que va del 35 al 42 por ciento; prácticamente el doble de lo que se le criticaba al gobierno anterior. La diferencia remarca esto que el macrismo suele señalar como virtud: la improvisación o, dicho en términos sutiles, el ir aprendiendo en el error.

El Gobierno insiste con su política de shock, aun cuando buena parte de sus iniciativas económicas se encuentran por estas horas obstaculizadas en la Justicia, lo que en el fondo remarca la escasa previsión con respecto a las consecuencias que acarrean determinadas decisiones. Y como si esto fuera poco, el Gobierno sacó a relucir la espada de la flexibilización laboral.

Justamente, en una entrevista con el diario La Nación, la semana pasada Macri deslizó que la flexibilización laboral puede ser la llave que destrabe la llegada de capitales extranjeros al país, esas mismas inversiones que se anunciaron con bombos y platillos en octubre y diciembre pasado. Se sabe que la flexibilización laboral es una suerte de caballito de batalla del neoliberalismo, que tiene como objetivo el debilitamiento de la justicia laboral y la consecuente desprotección de los trabajadores y sus derechos adquiridos con inmensurables sacrificios a lo largo de la historia, y que, por supuesto, no toma en cuenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que reza que el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes.

Quienes apoyan la flexibilización laboral argumentan que, en la medida que se reduzca el costo de la mano de obra, esto contribuirá a la creación de nuevos empleos. Sin embargo, las experiencias que atravesó la Argentina han corrido en sentido contrario. Por dar un ejemplo, en 1993 con la llamada Ley de Empleo los índices de desempleo treparon del 7 al 13 por ciento en tan solo un año. Es decir, lejos de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, la flexibilización destruyó aún más a la clase trabajadora. Lo mismo ocurrió recientemente en Europa, donde las colas de parados provocaban escozor.

Lo que se ve finalmente no es generación de puestos genuinos de trabajo sino un aumento del trabajo eventual o temporario, demasiado poco como para enorgullecerse. Y está claro que después de la experiencia argentina en el 2000 que tuvo sus antecedentes con las reformas de 1991 y 1976-, la flexibilización laboral que en teoría busca aumentar la productividad para generar a futuro nuevas fuentes de trabajo, se traduce finalmente en un aumento de los beneficios del Capital a partir de la desregulación del mercado laboral.

No es novedoso el mecanismo mediante el cual el Capital actúa contra el Trabajo: se trata de la producción de significados para los cuales necesita trazar su alianza con los medios de comunicación. Así se explica la nota editorial publicada en La Nación el martes pasado y que, tratándose justamente de la escuela de doctrina, vale la pena repasar algunos pasajes.

En el contexto de las dificultades por las que atraviesa la economía debido a la herencia recibida, el diario de los Mitre admite la necesidad de una generar trabajo genuino y de incrementar los salarios, pero para que ello sea posible, advierte a los lectores sobre una condición, la reforma del modelo vigente de relaciones laborales. Se requieren modificaciones legales y estructurales, tanto en las reglas de alcance individual sobre el trabajador, como en las que hacen a los acuerdos colectivos, apunta.

La idea es bastante sencilla. Para generar trabajo se necesita inversión y para que lleguen los inversores externos lo que hace falta es un Estado escuálido, que garantice el negocio de los inversores que, como es sabido, suelen invertir en los países que les garantizan sus negocios, para lo cual necesitan, entre otras cosas, mano de obra barata y flexible.

No es tampoco casual que este ariete para una hipotética reforma en las relaciones laborales, apunte contra los sindicatos. Justo en el momento que estos comienzan a distanciarse del Gobierno y aúnan esfuerzos para reagruparse, como ocurre por estas horas con la CGT, y realizar una convocatoria masiva que actúe como un llamado de atención a los funcionarios del macrismo. Lo mismo ocurre con los movimientos sociales, que preparan un acto conjunto para este viernes de San Cayetano y trabajan en una marcha que unirá la iglesia del barrio de Liniers con la Plaza de Mayo.

Reclama La Nación un modelo sindical transparente y que asegure el pleno ejercicio de la libertad gremial, individual y colectiva, y uno podría incluso estar de acuerdo con esta idea, sin embargo, unas líneas más abajo se ve la hilacha. Se debe asegurar la democracia sindical en todos los planos, no solo en el electivo, sino en lo que hace a la participación real de los representados en la vida interna de los gremios. Para ello, sería fundamental se argumenta- una negociación de salarios y condiciones de trabajo que tenga en cuenta la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa. A buen entendedor, que se terminen las negociaciones colectivas que desde 2003 han marcado la agenda de los trabajadores y se vuelva a las negociaciones por empresa que, es sabido, terminan por destruir a las bases y lo gremios más débiles.

El flamante Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), por ejemplo, ha debido transitar en el pasado este camino de las negociaciones descentralizadas y por eso mismo no tardó, junto a La Mesa Nacional de Prensa -que componen FATPREN, FETRACCOM, y las asociaciones de prensa de Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba-, en contestarle a La Nación en defensa de los derechos laborales.

Otro punto en clave es el tema de las indemnizaciones. El argumento de quienes impulsan la reforma es que deberían sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo. Esto resultaría conveniente tanto para el empleador como para el trabajador, aseguraría un régimen eficaz de amparo frente a la desocupación, y a la vez establecería costos previsibles para las empresas, reza la nota editorial. Claro que ese fondo debería sostenerse con aportes del trabajador y ‘contribuciones’ (las comillas son nuestras) del empleador.

Eso sí, mientras que por un lado se le presenta a los trabajadores la necesidad de una nueva reforma laboral que termine con los beneficios de la reforma anti flexibilización que se puso en marcha en 2004, y que es presentada como uno de los puntales del primer cambio estructural que puede llevar a la Argentina al Primer Mundo que nunca debió abandonar, los argentinos asistimos como convidados de piedra al encuentro cumbre entre el presidente Macri y el conductor televisivo Marcelo Tinelli. El primero, invitado de lujo en la inauguración de la muestra de la Sociedad Rural Argentina, se defiende de las críticas que recibe en el programa televisivo me satiriza de mala manera ante tres millones de personas; el segundo, le indilga el ataque contra su persona a través de las redes sociales, con miles de centenares de tuits. Es obvio que nada de esto debería importar, frente a la reforma laboral en ciernes.

*Sociólogo y periodista.