La semana pasada comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya despertó una cierta resistencia por parte de un grupo de Organizaciones Civiles que reclaman que la autoridad de aplicación de la norma sea independiente del gobierno de turno.

Es que, según describe el proyecto, ante una posible demora o negativa en la entrega de información, el solicitante podrá interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la información, un organismo creado por la nueva norma cuyo director será elegido por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con Gestionpublica.info, el Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó que pretenden que la selección sea a propuesta del Ejecutivo pero con participación vinculante del Poder Legislativo. También pedimos que la remoción esté a cargo del Legislativo, porque ante un pedido que no se quiera responder, el Ejecutivo baja la orden y en caso que no se cumpla, puede despedir al funcionario, detalló Secchi.

En ese sentido, el Director de Poder Ciudadano contó que la ONG expuso esta modificación en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. No fue escuchado, pero vamos a tratar de seguir haciendo incidencia de alguna forma y ver si prospera una reforma en el recinto, adelantó Secchi.

El proyecto planteado estipula que cualquier persona pueda pedir datos a los funcionarios y obtener respuesta dentro de los primeros 30 días posteriores; con sanciones ante posibles incumplimientos.

Por eso, y pese a la modificación en cuanto al órgano garante de la Ley, para Secchi es bueno que se avance con una Ley de acceso a la información. No queremos ser tremendistas pero sería mejor que se genere un solo órgano garante o ciertas cualidades de selección y remoción de los funcionarios, concluyó.