Impulsan un nuevo organismo de control para casos de corrupción
Se trata de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El proyecto pertenece a la Diputada Paula Oliveto Lago, y fue presentado en una jornada sobre transparencia en la gestión en la que participaron los diputados Francisco Quintana, Elio Rebot, Manuel Garrido y el Auditor Nacional Horario Pernasetti. Entre otras cosas, buscan que investigue delitos contra la administración pública que puedan cometer no solo funcionarios, sino también instituciones o empresas que manejen recursos del Estado.
Mayor transparencia en la gestión. La creación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Así se denominó la jornada que se realizó el miércoles pasado en la Legislatura, donde se presentó un proyecto que busca crear un nuevo organismo de control en la ciudad de Buenos Aires. En el evento, la diputada Paula Oliveto Lago, ex Auditora porteña y autora de la iniciativa, estuvo acompañada por Francisco Quintana, legislador del PRO y Presidente de la Comisión de Justicia, Elio Rebot, también del oficialismo y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Participaron también Manuel Garrido, diputado Nacional por la UCR y el Auditor General de la Nación, Horacio Pernasetti.
El hombre es libre por definición, pero el Estado tiene que ponerle controles a esa libertad y a los funcionarios también, disparó Oliveto en la apertura del encuentro. En ese sentido, señaló que es importante que el diseño institucional de la Ciudad tenga los resortes necesarios para efectuar un control y que los ciudadanos tengan las herramientas para saber como se ejerce la función pública.
Por otro lado, la ex Auditora porteña agradeció la presencia de funcionarios de distintos partidos políticos. Muchas veces cuando uno desarrolla una función política tiene prejuicios y preconceptos. Que hoy podamos estar juntos gente del PRO, de UNEN y del Frente Para la Victoria nos permite concluir que las políticas públicas no se deben partidizar. Las cosas que hacen que la Constitución pueda ser fuerte no son de nadie sino patrimonio de todos, remarcó la autora del proyecto.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Quintana, habló de los objetivos y las facultades que tendrá el nuevo organismo. Será una Fiscalía especializada en el control y la investigación de los casos de corrupción contra la administración pública que puedan cometer, no solo funcionarios, sino también todas las instituciones o empresas que trabajen con recursos del Estado, explicó el Diputado.
Aemás, el Diputado Elio Rebot se refirió a la necesidad de reforzar todos los mecanismos que garanticen la transparencia de la administración pública. Los funcionarios tienen que estar dispuestos a ser escrutados y dar cuenta de forma permanente, exclamó el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y agregó: Vamos a tratar de lograr el mayor consenso para tener el mejor proyecto y que la Ciudad sea capaz de brindarle al ciudadano herramientas para garantizar una transparencia efectiva.
Más tarde, el Diputado Nacional por la UCR, Manuel Garrido, sostuvo que la Ciudad necesitaba un proyecto así y delineó algunas sugerencias para la redacción final de la Ley. Por un lado, hay que marcar el espectro de actuación de la Fiscalía. El texto debe aclarar la acción sobre los funcionarios, pero también se debe incluir la corrupción privada y mencionar a los participantes de la corrupción pública, aunque no sean agentes del Estado, recomendó el Ex Fiscal de la Nación y también mencionó la gama de poderes: Podría pensarse en que ese control también atienda a los funcionarios de otros poderes y no solo al Ejecutivo.
Por último, el Auditor Horacio Pernasetti pidió que el nuevo organismo trabaje coordinadamente con el resto de los entes de control. A nivel nacional hay seis organismos que están creados desde el punto de vista legal, tienen su reconocimiento jurídico y su presupuesto, pero que en la práctica no funcionan enlazadamente.
Yo recomiendo que para la redacción de la Ley no se comentan los mismos errores que a nivel nacional en cuanto a la competencia, las asignaciones presupuestarias, la relación entre el ministerio público y los fiscales, concluyó el Auditor General de la Nación.