Según explicó Baldiviezo, la Tribuna Popular es un derecho que tienen los ciudadanos porteños para que cada vez que haya sesión legislativa puedan plantearle a los funcionarios reunidos inquietudes o valoraciones al momento de sesionar.

El reglamento interno de la legislatura en su artículo 76 especifica que la Tribuna Popular permite efectuar planteos en sesión plenaria sobre temas de especial interés para la Ciudad por parte de organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente su ejercicio.

Este derecho nació en el año 1998 y deriva de la forma de gobierno que es una democracia participativa, lo que determina que se le debe dar una forma de diálogo a la gente, argumentó Baldiviezo y agregó que desde que se creó no se pudo poner en práctica por no estar reglamentada ni la duración ni la cantidad de ciudadanos que pueden tener la palabra.

El integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad indicó que se acudió a la justicia luego de que en una oportunidad Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, quiso hacer uso de este derecho y no se lo permitieron.

En ese momento, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires obligó a la legislatura a que se adopten todas las medidas necesarias para reglamentarlo en un fallo del año 2015 y sin embargo no se avanzó y por esto ahora se intimó a que se haga o de lo contrario se aplicarán sanciones para los funcionarios y multas económicas que determinan los jueces, señaló Baldiviezo.

En el expediente N° A3638-2014/0, la justicia porteña declaró que la Legislatura de la Ciudad está incumpliendo la sentencia que había ordenado avanzar con la Tribuna Popular y asegura que el incumplimiento de una sentencia judicial constituye un delito penal.

Sobre el desenlace que se espera para este conflicto, Baldiviezo concluyó que hemos visto a varios legisladores que toman actitudes contrarias en el camino de alcanzar este derecho, hay algunos que piensan en derogar la norma en vez de reglamentarla y no se entiende por qué le niegan la palabra a la ciudadanía.