La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires (SGCBA) deberá brindar la información correspondiente a los informes confeccionados durante los últimos 3 años de gestión de los organismos bajo la competencia de la Jefatura de Gobierno a Poder Ciudadano, organización que realizó un pedido de acceso a la información ante el organismo de control en 2013. Gestionpublica.info dialogó con German Emanuele, Director de Justicia y Acción Ciudadana de la organización civil y remarcó que estamos muy preocupados porque es contradictorio con los anuncios de gobierno abierto.

El pedido de información surgió a raíz de un informe de integridad local que Poder Ciudadano realizó en 2013 y que fue premiado por la Auditoria General de la Nación (AGN). Es una metodología de transparencia internacional que analiza muy profundamente los sistemas de integridad de los gobiernos a nivel sub nacional, explicó Emanuele.

A raíz de este trabajo se hicieron varios pedidos de acceso a la información y, entre ellos, a la Sindicatura Porteña. Solo obtuvimos silencio por más de ocho meses, comentó el Director de Justicia y Acción Ciudadana. Poder Ciudadano decidió entonces iniciar una acción judicial por la violación a la Ley 104. Un año después, la Sindicatura respondió que no podía entregar la información porque no era de carácter pública.

Desde la Sindicatura argumentaron que no podían dar esa información por la ley de privacidad que enmarca al empleo público pero son todos argumentos que dentro de lo jurídico pueden ser válidos pero entendiendo de modo integral caen por el principio de publicidad de los actos de gobierno, puntualizó.

Luego de esto, la jueza tomo prácticamente todos los argumentos de la sindicatura y rechazó la acción judicial diciendo que no son públicos porque la Constitución le da expresa publicidad a los informes de Auditoría y no a los informes de la Sindicatura. La Cámara revocó la sentencia diciendo que la interpretación era errónea ya que la Constitución de la Ciudad, la Constitución Nacional y todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional respaldan la publicidad de los actos de gobierno, afirmó Emanuele.

La sentencia aún no está firme, lo que resta es resolver si se acepta este recurso de inconstitucionalidad. De aceptarse, tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia, continuó.

A nivel nacional no existe todavía una Ley que garantice el acceso a la información pública. En la Ciudad de Buenos Aires rige la Ley 104, pero mucho no se respeta. Para Poder Ciudadano este fallo es un grave retroceso, más por lo que significa poder acceder a la información de los organismos de control.

Otros pedidos sin respuesta

A esta situación se le suma una gran cantidad de pedidos de acceso a la información que la Ciudad de Buenos Aires no contesta. Si bien está garantizado por Ley, hay gran cantidad de pedidos a que terminan judicializándose. De 7 pedidos de información que hicimos nosotros, 6 se judicializaron, ejemplificó Emanuele.

Asimismo, subrayó que el enjuiciamiento termina usándose como una estrategia dilatoria. Estamos ahora en 2016 pero la información se solicitó hace 3 años. A nivel nacional pasa lo mismo, tenemos expedientes que están en corte un largo tiempo para resolver un pedido información, agregó.

Estamos muy preocupados porque es contradictorio con los anuncios de gobierno abierto. Esto es así en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La demanda de información pública en todos los niveles del Estado es enorme y los niveles de respuesta muy bajo, finalizó Emanuele.