En 2010 el Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST) recibió casi $2.711 millones para funcionar. Pero la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió problemas en la rendición de cuentas, falta de criterio en la selección de los beneficiarios, la inexistencia de bases de datos y sistemas de evaluación lo que hace concluir que “el uso eficaz, eficiente, equitativo y económico de los fondos públicos se vio afectado”.

El objetivo del PRIST es “lograr la promoción del desarrollo económico a través de la inclusión social generando puestos de trabajo genuinos que, a su vez, la formación de organizaciones sociales de trabajo”. 

Se implementa a partir de subsidios a los gobiernos locales y a las cooperativas. Depende orgánicamente del Ministerio de Desarrollo Social pero “para hacerse cargo de la ejecución del mismo se constituyó la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo (UEIST)”, que adquirió el rango de subsecretaría pero que, en los hechos, “solo intervino en aspectos operativos y administrativos” porque las encargada de su ejecución fue la Secretaría de Coordinación y Monitorio Institucional (SCyMI).

Uno de los ejes fundamentales del programa es la capacitación, tanto en los oficios como en la organización cooperativa, estas últimas a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Las temáticas “variaron según las necesidades y los problemas de cada municipio”. Si bien de las entrevistas que el equipo auditor mantuvo con los cooperativistas se desprende que las capacitaciones fueron recibidas, “no hay ningún tipo de respaldo documental”.

El organismo agrega que “no hubo un adecuado registro, monitorio y control de la información brindad en las formaciones”. Tampoco “existía un plan o un programa sistematizado de capacitaciones ni se había creado un sistema de evaluación, impactos y logros”.

El dictado de cursos y talleres se distribuyó de la siguiente manera:

Economía social: se crean puestos de trabajo pero los fondos no fueron usados eficientemente

Teniendo en cuenta que el programa recibió casi $2,711 millones, la rendición de cuentas se vuelve un ítem fundamental. Al respecto, la AGN explica que la resolución vigente en esa materia define al subsidio como “un beneficio que se otorga por única vez a personas físicas” y que, salvo excepciones, “no debe exceder un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil”. Es evidente que los fondos que el Ministerio “no cumplen las particularidades descriptas en la normativa” por lo que “se vuelve inaplicable” para este programa.

En cuanto a los convenios que firma la cartera de Desarrollo Social con los Entes Ejecutores, que son aquellos que otorgan los subsidios a nivel local, “no estaban asignadas las responsabilidades directas sobre la rendición”. Se suma que “no se cumplen con los plazos para su presentación”. Por normativa se prevé un máximo de 90 días pero que, en los hechos, “no hay aclaraciones al respecto en los contratos”.

¿Quiénes y por qué?  

El informe, que evaluó el 2010 y fue aprobado en febrero de 2016, destaca que los puestos de trabajo debían distribuirse “teniendo en cuenta indicadores de vulnerabilidad laboral y socioeconómica, principalmente desempleo y pobreza”. En función a estos datos, el Ministerio de Desarrollo “proyectó la creación de 150 mil empleos en el Gran Buenos Aires y otros 100 mil en el interior del país, con prioridad en el NOA, NEA y Cuyo”.

Al respecto los auditores señalan que “no se respetaron las oportunidades socio ocupacionales establecidas en cada municipio”. Se verificó “la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo” en algunas localidades, por ejemplo en San Vicente, Berisso, General Las Heras y José C. Paz. En esta última “la variación positiva fue del 171%, lo que equivale a 6536 trabajos adicionales”.

Por otro lado, “hubo municipios donde se creó menos del 50% de los proyectados”, como en General San Martín, Merlo, Morón y Tigre. Esta situación “no fue rectificada ni hubo miras de buscar una corrección”.

La convocatoria que tuvo el programa fue tan multitudinaria que “se necesitó de la ayuda de universidades para el proceso de carga”. Al respecto, la AGN señala que el organismo “no disponía de un registro del total de los postulantes o de quienes manifestaron su voluntad de ser incluidos en el programa”.

Por otra parte, también se detectaron “inconvenientes” operativos y de “coordinación” en la implementación de los pagos, las coberturas sociales y los seguros por accidente. Se divisaron “problemas para la adhesión a las obras sociales y obtención de credenciales ya que no existían convenios formalizados para la aceptación de estos nuevos monotributistas”.

En cuanto a las cooperativas, que tenían que estar inscriptas en el INAES, se pudo observar “deficiencias formales en su constitución,  funcionamiento y  cumplimiento de obligaciones legales, estatutarias e impositivas”. Solo por citar a modo de ejemplo, muchas no habían presentado declaraciones juradas de IVA.