La problemática de los hogares de niños en la Ciudad de Buenos Aires se visibilizó, una vez más, la semana pasada a raíz del reclamo de los trabajadores del Hogar Curapaligüe, ubicado en Flores. Allí, según la voz de los propios empleados, hay un 50% de sobreocupación y una clara falta de personal: dependiendo el turno, hay uno o dos referentes responsables de cuidar a más de 20 chicos, incluidos bebés. Además, mencionaron las fallas edilicias como cables colgando, tomas de luz al alcance de la mano y, en general, estructuras muy deterioradas.

El reclamo no es nuevo. En noviembre de 2016, precisamente el día 17 por la tarde, a través de las redes sociales, ATE Capital denunció que había insectos en la comida que se entrega en el Hogar Curapaligüe. Por eso, ese mismo mes, la justicia porteña dio lugar a una medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar Nº 1 en donde se exige al Gobierno de la Ciudad que garantice un ambiente adecuado y seguro en los hogares.

Sin embargo, el problema se advirtió mucho tiempo antes. En 2012, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe realizado entre 2008 y 2009 sobre la Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA), en el que no pudo verificar si los centros asistenciales cumplían con los requerimientos nutricionales en sus menús.

Además, el trabajo de los auditores porteños indicó que el área de Supervisión y Monitoreo carecía de un nutricionista, un arquitecto y un médico psiquiatra para que evalúen la atención integral, las condiciones de seguridad, la infraestructura y equipamiento de los hogares.

Gestionpublica.info se comunicó con Humberto Rodríguez, responsable del área de niñez de ATE Capital y confirmó que la situación es de emergencia estructural. Los hogares están desbordados. No hubo políticas públicas serias para fortalecerlos institucionalmente, alertó.

En ese sentido, Rodríguez consideró que el gobierno de la Ciudad corre detrás de la emergencia. Nunca hubo capacitaciones para los profesionales, ni se mejoraron las condiciones laborales ni edilicias, agregó.

Hay familias implosionadas y chicos que abandonan el colegio y que recurren a los hogares. Esta gestión hace agua en las políticas universales de trabajo y en lo que tiene que ver con los derechos de los niños y adolescentes, consideró Rodríguez y finalizó: No hay políticas para que los jóvenes no lleguen a los hogares, o que controlen los egresos.