A fines de diciembre de 2016 el Gobierno de la Nación designó a Gladis González, diputada nacional e interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), como presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El anterior titular, Amílcar López, renunció a su cargo en febrero de 2016, a un mes de asumir, por falta de definiciones respecto a las personas y las políticas. En diciembre, la Corte Suprema ordenó al ente encargado de la Cuenca Matanza Riachuelo que se intensifique el cumplimiento de la sentencia de 2008 que dispuso el saneamiento del Riachuelo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, destacó que lo importante es la gestión más allá de quien lo presida. Aunque en su curriculum no hay antecedentes que la vinculen particularmente con temas del Riachuelo, como diputada firmó algunos proyectos de Ley vinculados a temas ambientales, enfatizó. Según confirmó Nápoli, hace dos años que la gestión del organismo está detenida.

En septiembre, el especialista de FARN participó como orador en la audiencia pública realizada por ACUMAR donde advirtió sobre la necesidad de que sea un organismo de concentración de políticas de la Ciudad de Buenos Aires, de Provincia y Nacional. Algo que establece La ley que lo creó pero que nunca se puso en práctica porque siempre ha sido una suerte de apéndice.

Esta nueva reformulación que se realizó para Nápoli lejos de restablecer el equilibrio o una mayor representatividad, reconcentra más la figura en la presidencia, y eso no va a ayudar a contribuir a mejorar el accionar del ente. Un dato no menor es seguir nombrando gente que no conoce el tema. Es necesario dejar de perder tiempo, sentenció.

Por su parte, La Corte Suprema de Justicia requirió por unanimidad a la ACUMAR que establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia que en el año 2008 ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Además, puso en conocimiento del Jugado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 (juzgado de ejecución de la sentencia) el informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

González tiene ahora bajo su cargo la tarea de presentar el 1 de marzo de 2017 un informe detallando un calendario con los objetivos de corto, medio y largo alcance para cada uno de los objetivos fijados en la sentencia en ejecución, además de informes periódicos sobre avance prestando atención en el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes; la expansión de la red de agua potable y cloacas, la existencia de plantas desvinculadas al Plan Maestro de AYSA, la relocalización de villas y asentamientos precarios; el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental.

En consonancia con lo que dictó la Corte Suprema, el portal periodístico ElAuditor.info dio a conocer un informe donde salió a la luz que la provincia de Buenos Aires no ejecutó un solo peso entre 2014 y 2015 para sanear el Riachuelo. Lo mismo ocurrió en 2010 cuando la Ciudad y el gobierno bonaerense tampoco devengaron fondos. En los últimos seis años, el máximo aportante fue del Estado nacional, con más de $ 2.500 millones. Los datos surgieron ante la consulta que realizó la Diputada Nacional Carla Pitiot (Frente Renovador), durante el resumen de gestión que el Jefe de Gabinete ofreció en diciembre en la Cámara Baja.