La Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y Doctora en Derecho de la UBA, Marcela Basterra, presentó su nuevo libro Acceso a Información Pública y Transparencia Ley 27.275 y decreto reglamentario 206/17, una publicación donde explica en detalle la normativa aprobada en 2016.

GestionPublica.info dialogó con la autora sobre su nuevo ejemplar y el panorama nacional que abrió la reglamentación de la normativa.

¿De qué trata el libro?

Es sobre acceso a la información pública y transparencia. Tiene una introducción sobre el tema y luego tiene comentados todos los artículos, uno por uno, de la nueva ley de Acceso a la Información Pública nacional nº 27.275. Recordemos que Argentina era uno de los 4 países de América Latina que no contaba con una norma de este tipo, así que cuando salió fue importante para nosotros.

¿Cómo surgió la idea?

Había escrito otro libro sobre esta materia pero cuando todavía no teníamos Ley. Posteriormente, escribí uno sobre protección de datos personales y después uno del derecho a la información versus el derecho a la intimidad. Con lo cual, estos temas los vengo trabajando desde hace mucho tiempo entendiendo que son primordiales y sustanciales para tener un Estado de Derecho y un sistema democrático.

El derecho de acceso a la información es uno a los cuales se los denomina sistémicos. Cuando se nos lesiona un derecho a cada uno de nosotros, se nos lesiona un derecho subjetivo, individual. Pero cuando se lesiona un derecho como el de la información, se hace colectivamente porque no podemos controlar a los gobiernos ni tomar mejores decisiones a la hora de votar.

¿Qué lugar le das en esta temática a la participación ciudadana?

La pondría en un primerísimo lugar. Si nos fijamos en todas las Constituciones que se reformaron entre la década del 80´ y 90´en América Latina, todas incorporaron como conceptos importantes para la democracia el acceso a la información pública y la participación popular.

Como ciudadanos ejercemos el control sobre los gobiernos a través del voto, pero ese control cada 2 o 4 años no es suficiente. Accediendo a la información estamos todo el tiempo controlando las cuestiones gubernamentales y esto hace que quien controla es el ciudadano. Las dos cosas van de la mano y son inescindibles uno de otro.

Argentina no estaba en las más altas posiciones en los rankings de transparencia, sin embargo en el último año creció 20 puntos. ¿Cuánto tuvo que ver la ley 27.275?

Subimos no solo por esa Ley, porque siempre digo que por tener una norma no se va a ir la corrupción automáticamente. Pero si vos haces una regla de directa proporcionalidad, a mayor transparencia y menor secretismo por parte del Estado por supuesto el margen para la corrupción es más pequeño.

También se sancionó el decreto de datos abiertos o lo que se llama gobierno abierto, que se está trabajando mucho tanto a nivel nacional como en distintas provincias. Gobierno Abierto es una suerte de transparencia activa, no solamente que el Estado se quede cruzado de brazos esperando que los ciudadanos le pidan información sino la obligación de que los portales de los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y Consejos de la Magistratura brinden todo tipo de datos para que se pueda organizar un control.

¿Qué se debería hacer para seguir creciendo en transparencia?

Creo que habría que exigir mucho en el uso de la transparencia activa, que todos los organismos brinden toda la información que se produce porque la documentación es de nosotros, no de los gobiernos.

El acceso a la información es una cuestión que lleva unas pocas décadas en el mundo y hay que concientizar a la población sobre este derecho. Los gobiernos también se tienen que concientizar, pero de brindar toda información, salvo aquella reservada por Ley.

¿Hay algún modelo de portal de gobierno abierto que te parezca el mejor a seguir en Argentina?

La que es pionera desde hace muchos años es la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, la ley de acceso nacional es de 2016 y en la CABA existía esa norma desde 1999 y el año pasado se reformó.

En transparencia activa, la despapelización y portales, la Ciudad ya lo hace desde hace 5 o 6 años. Están bastante adelantadas en la parte de información judicial las provincias de Entre Ríos y de San Luis. Hay otras con buenos estándares como Chubut.