Tras las críticas que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presentaron ante el Congreso sobre la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, los candidatos expusieron ante el Senado.

Esta semana, las OSC enviaron una carta pública a los aspirantes en la que les solicitaron que declinen la postulación realizada por la Comisión Bicameral, hasta tanto se realice un procedimiento amplio, transparente y participativo a fin de que la ciudadanía pueda evaluar y opinar.

Sin embargo, los tres candidatos a ocupar el puesto que está vacante desde 2009, Humberto Roggero, ex jefe de diputados nacionales del PJ, Alejandro Amor, actual Defensor del Pueblo de la Ciudad y Jorge Sarghini, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, también del PJ, explicaron ante la Comisión Bicameral los argumentos por los cuales creen que deberían designarlos.

Aportes para regular el proceso

La Constitución Nacional sostiene que la Defensoría del Pueblo “es un órgano independiente instituido en el Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad”.

De esta manera, un informe de las organizaciones firmantes presenta una serie de lineamientos para que el procedimiento de la designación del funcionario garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana a fin de asegurar la idoneidad del candidato.

En primer lugar, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo deberá proponer a las Cámaras de uno a tres candidatos en igual cantidad de mujeres y varones.

Además, se debe dar publicidad de las candidaturas en el Boletín Oficial en las que se tienen que incluir información relativa a los antecedentes y perfil del candidato.

A partir de la publicación, se abre una etapa para la recepción de observaciones y preguntas de los ciudadanos a los candidatos, quienes deberán responder por escrito dentro un plazo razonable y luego difundir las respuestas en la página web de las Cámaras.

Otro de los pasos fundamentales en la selección del candidato es la celebración de audiencias abiertas con la participación de la ciudadanía.