En el programa Justicia 2020 se dio a conocer el proyecto del Poder Ejecutivo llamado: Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Bajo este título el Gobierno busca un nuevo régimen que tiene como novedad más importante la imputabilidad de delitos a partir de los quince años.

La norma cuenta con 100 artículos. No sólo se determina la edad mínima para imputar un delito sino que además se estableció una pena máxima de 15 años de prisión por delitos graves: homicidios, violaciones o abusos sexuales agravados, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

También se prevé crear una justicia especializada para establecer sanciones y controlar el cumplimiento de las penas. Además se darían capacitaciones judiciales, lo que indicaría que el nuevo régimen tendrá una implementación progresiva.

Para los delitos menores habría etapas de conciliación o de mediación ya que los tribunales podrán tomar como atenuantes la inmadurez intelectual o afectiva del imputado o la imputada. Asimismo, podrían existir sanciones socio-educativas como la asistencia a programas de formación ciudadana.

En medio de un año electoral el Gobierno propone esta nueva normativa aunque desde la oposición varias voces ya se han alzado en contra. Es que desde el propio Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (www.datos.jus.gob.ar) los últimos datos actualizados muestran que en 2017 solamente 19 menores de edad terminaron en prisión, es decir, un 0,02% de la totalidad.

UNICEF

A fines de 2018 la organización de la sociedad civil lanzó el informe: Las voces de las y los adolescentes privados de la libertad en Argentina. En el documento se explica que hay 7.200 jóvenes cumpliendo una pena, de los cuales 1.300 están en centros cerrados y el 3,8% de los mismos tiene menos de 16 años.

El documento da cuenta sobre las dificultades de las y los adolescentes para poder gozar de sus derechos estando privados de libertad, especialmente el derecho a la educación y a la salud (incluidos los tratamientos especiales). Por ejemplo se menciona: el carácter limitado de algunos programas educativos; aspectos críticos referidos a las condiciones materiales de la privación de la libertad; la existencia de irregularidades y abusos en los regímenes disciplinarios; problemas de acceso a la justicia y derecho a la defensa; dificultades para mantener contacto con el mundo exterior; y la existencia de situaciones de violencia contra las y los adolescentes.

En este contexto, se encuentra limitada la posibilidad de pensar al sistema de responsabilidad penal juvenil como una política pública racional orientada a administrar razonablemente la sanción y lograr la reinserción de las y los adolescentes que pasan por los centros cerrados, argumentan desde la ONG.

En relación a las condiciones de los centros de privación de libertad, si bien las situaciones son muy heterogéneas y varían según cada institución, pudieron constatarse carencias en las condiciones edilicias, principalmente en los sitios de descanso, en las instalaciones sanitarias, en patios y salones de uso múltiple (SUM). Estos problemas están dados por la ausencia de luz natural y ventilación, falta de calefacción, humedad en las paredes, pisos y materiales sueltos, insectos, espacios reducidos, etc., explicaron.

UNICEF concluye que la privación de libertad debe ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible. Pero lo cierto es que casi ningún encuestado sabe cuánto tiempo estará sujeto a una medida de privación de libertad, al menos durante los primeros meses de encierro.