Así como está, no pasa por el Congreso, comentó Héctor Daer, titular del gremio de la Sanidad e integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), anticipando un principio de resistencia por parte de la central obrera frente a la intenciones de la reforma a la que el presidente Mauricio Macri buscó darle impulso la semana pasada.

La reforma laboral en ciernes tiene entre sus objetivos la supresión de algunos derechos adquiridos por los trabajadores, que si bien se anuncian dispuestos a escuchar y a negociar, también advierten que no será un trámite simple. La cuestión es distributiva, un juego en el que los empresarios ganan pero la cuenta cae en los bolsillos de los trabajadores. Para el Gobierno se trata de un plan estratégico para atraer el interés del capital productivo, pero nada indica una relación directa entre el abaratamiento del trabajo y la creación de nuevos puestos. Los derechos adquiridos son inalienables, no se pueden renunciar. Entonces los trabajadores tienen dos opciones o se consideran despedidos o realizan una acción cautelar para que no te varíen las condiciones laborales. La reforma deja sólo la opción del despido, planteó Daer.

Está claro que los trabajadores no quieren saber nada con la modificaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y los Convenios Colectivos, bastiones del modelo sindical argentino que promueve desde sus cimientos la justicia social. El Gobierno, en cambio, presentó la necesidad de una modificación estigmatizando a la Justicia Laboral, casi siempre propensa a fallar a favor de los más débiles. En lo que, en cambio, los trabajadores se muestran más dispuestos al diálogo en cuestiones como el blanqueo laboral y la capacitación permanente.

El proyecto de reforma laboral contempla también la reducción de los aportes y contribuciones patronales con el fin de quitarle presión al empresariado a la hora de decidirse a invertir, pero nada dice sobre el desfinanciamiento que esta política podría traer a los sistemas de seguridad social como la ANSES, de la que dependen los ingresos de los jubilados y pensionados.

Otros puntos polémicos de la Reforma son los límites a las horas extras, con un control más racional por parte de los empresarios en el uso de la fuerza de trabajo, a través del llamado Banco de Horas, entiéndase: si hay mucho trabajo un día y se consumen horas extras de trabajo, estas podrán restarse en jornadas de trabajo menos intensas. Y a la disminución de las horas extras pagas, le sigue su exclusión en los cálculos indemnizatorios ya que estas horas que suman valor al salario no serían tomadas en cuenta al igual que los valores del sueldo anual complementario, o las bonificaciones especiales o premios. También se reduce de dos años a uno el tiempo que un trabajador tiene para implementar una demanda contra su empleador. Un dato curioso es que antes de 1974, ese lapso era de 4 años y fue la propia dictadura la que lo redujo a la mitad.

A los puntos que la CGT ve con desconfianza se le suma el del Fondo de Cese Laboral, al que deberían aportar ahora no los empresarios sino los propios trabajadores, cuya aceptación sería irrevocable. El proyecto contempla que en caso de no ser despedido, el trabajador podrá reclamar sus aportes en el momento de su jubilación, mientras que en el caso de adherirse a un retiro voluntario solo tendrá derecho al 50 por ciento de sus aportes, que serían administrados por un instituto creado para tal fin. El problema es que para que esto sea viable, el proyecto plantea la necesidad de modificar los Convenios Colectivos, algo que los sindicalistas no estarían dispuestos a aceptar.

Así se lo hicieron saber al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el encuentro que mantuvieron no bien se conocieron los plantes del Gobierno en materia laboral. En principio, los sindicalistas buscan ganar tiempo y abrir discusiones punto por punto, con el fin de poder vetar aquellos avances que amenacen o promuevan la pérdida de derechos laborales y apuntalen la flexibilización de las relaciones laborales, flexibilización que contempla la creación de nuevas categorías de trabajadores como el trabajador independiente o el trabajador autónomo económicamente dependiente como nuevas formas del empleo.

Tras las declaraciones de Daer, el resto de los jefes sindicales prefirieron la cautela para evitar que se rompa la mesa de diálogo entablada con Triaca. Por su parte, Juan Carlos Schmid, también triunviro de la CGT, pidió por el sinceramiento del Gobierno para saber si de verdad están en la búsqueda de consensos. La intención de los sindicalistas es realizar todas las modificaciones que consideren necesarias antes de que el proyecto ingrese en el Congreso para que este llegue a la Cámara Baja con una versión corregida y adecuada a los intereses propios del sector. Mientras esto se analiza, los sindicalistas buscarán generar consensos con los disputados de las distintas fuerzas políticas para que no aprueben la reforma así como la quiere tratar el oficialismo. La dirigencia de la CTA fue más contundente en su rechazo. Hugo Yasky y Pablo Micheli rechazaron la propuesta. Este borrador de reforma laboral no fue hecho por asesores jurídicos ni laborales; fue escrito por empresarios, esgrimieron estos jefes sindicales, quienes también adelantaron que buscarán el apoyo de los bloques parlamentarios para que no apoyen la reforma en danza.

El mecanismo puede resultar bastante obvio, seguramente entre los 145 artículos que contempla la Reforma Laboral algunos se bajen si necesidad de discusiones intransigentes. Otros se reformularán o se utilizarán como moneda de cambio en relación a los intereses y necesidades de las partes, como puede ser el caso de los artículos que plantean cuestiones técnicas y administrativas de los gastos que afrontan las obras sociales sindicales en los casos de patologías poco frecuentes. Pero, sin dudas, no será una negociación fácil. El problema aparecerá cuando se discutan los puntos conflictivos, es decir los que realmente le importan al Gobierno y los que también realmente le importan a los trabajadores. El empresariado será una suerte de espectador de lujo de las tensiones resultantes, siempre y cuando estas no se desborden y se conviertan en un boomerang que se vuelva contra el Gobierno.

Un trabajo realizado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), que dirige Eduardo Basualdo, analizó la propuesta oficial y emitió un duro documento al respecto. El proyecto avanza sobre los derechos laborales con tercerización, flexibilización y precarización y reduce costos laborales mediante la baja de contribuciones patronales, indemnizaciones y juicios, con lo cual se constituye en una reforma pro mercado, advierte, y sentencia: Se afirma que favorecerá la creación de puestos de trabajo pero los efectos son los contrarios, ya que se facilitarán y reducirán los costos de despido.

*Sociólogo y periodista.