A fines de junio, la Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. El proyecto lo presentó la diputada provincial del bloque Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, en marzo de 2016. Estamos haciendo un cambio cultural. Esta erróneamente instituido que lo público le pertenece al gobierno, entonces el manejo discrecional de la información es lo esperable. Esta Ley busca quebrar esa lógica.

El primer proyecto de Ley vinculado al Acceso a la Información en la provincia lo presentó la Unión Cívica Radical hace 20 años, en 1997. Desde ese momento no nos han garantizado este derecho humano fundamental, expresó Mestelán en comunicación con Gestiopublica.info. Su proyecto ya había sido presentado en 2007 y luego en 2011, sin resultados positivos hasta este año.

La norma recientemente sancionada otorga un plazo de 60 días hábiles para adaptarse. Los tres poderes, los organismos del Estado, la administración pública central y descentralizada, los entes públicos estatales y todos aquellos privados con fondos del Estado entran en el ámbito de aplicación de la Ley que garantiza el derecho de Acceso a la Información Pública.

Según Mestelán, desde mediados de los 90´ la dificultad para acceder a la información en Santa Cruz se ha ido profundizando y agudizando. Estamos con un presente desbastado porque durante tantos años los ciudadanos vivimos ajenos al manejo que el gobierno hizo de las cuestiones públicas, se lamentó.

Este proyecto no resuelve las cuestiones más urgentes pero es realmente importante y necesario porque es lo que nos va a restituir a los ciudadanos un derecho fundamental y va a obligar al gobierno a rendir cuentas, garantizando la publicidad de los actos de gobierno, resaltó la diputada.

Para la sanción de la Ley confluyeron una serie de factores. Por un lado, la presión ciudadana, los reclamos de los judiciales, jubilados, los trabajadores estatales, el ciclo lectivo que aún no comenzó junto con la profundización de la conflictividad social, los fuertes reclamos de acceso a la información puntualmente en las cuentas públicas, la sanción de la Ley nacional y la insistencia de los legisladores, describió Mestelán.