Según el auditor, se puso en marcha el proceso de inversión en obras de infraestructura mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP).

Este mecanismo es una alternativa a los sistemas clásicos de contratación de obra pública; se propone armonizar y sumar las ventajas de los sectores público y privado en materia de financiamiento, acceso a los mercados de capitales, gestión, eficiencia constructiva y capacidad de endeudamiento, señaló.

El presupuesto aprobado para 2018 prevé que el gasto total en infraestructura pública será de $435.000 millones, lo que representa 3,5% del PBI, registro 35% superior a lo proyectado para 2017, explicó Rodríguez y agregó, de ese total, se estima ejecutar bajo la modalidad PPP el 8% de la inversión total en infraestructura ($34.600 millones).

El ex Ministro de Economía aseguró que la experiencia muestra que la PPP debe ser un medio para canalizar la inversión privada en obras de infraestructura pública, pero no un fin en sí mismo. Sólo deberían ser puestos en marcha aquellos proyectos PPP que respondan a los planes sectoriales y superen los criterios objetivos establecidos por la Ley 24.354 de Sistema Nacional de Inversiones Públicas, remarcó.

El hecho de que el gobierno contrate la construcción o mantenimiento de una obra y todos los costos y riesgos sean afrontados por el Estado, no constituirá una PPP. La correcta determinación y transferencia de riesgos entre empresa y gobierno aparece como un punto central de este esquema, sostuvo Rodríguez.

Además, el Auditor de extracción Radical aclaró que los proyectos de PPP son, por definición, proyectos de infraestructura pública y en consecuencia, es imprescindible garantizar los criterios de transparencia y acceso a la información para todos y cada uno de los proyectos en lo referido a contratos y sus eventuales cambios, condiciones de financiación, calidad de la prestación de servicios, etc.

Como conclusión, el funcionario remarcó que es necesario evitar que los posibles incentivos del gobierno para iniciar con urgencia gran cantidad de proyectos, no conlleve la subestimación de pasivos contingentes, que en apariencia no tienen efectos presupuestarios en el corto/mediano plazo, pero que generan obligaciones fiscales a futuro.

El Congreso autorizó el pasado diciembre una partida de $2,1 billones de pesos para proyectos a realizarse en los años venideros con contratos PPP. La apuesta a esta modalidad es de gran escala por lo que su fracaso comprometería cualquier plan de desarrollo futuro de la Argentina, cerró su informe.