En diciembre, la Agencia Nacional de Discapacidad intimó a más de nueve mil personas por incompatibilidades. Un mes después, la ANSES ratificó estas notificaciones y publicó un comunicado con los trámites a realizar para justificar su incapacidad. Estos avisos se realizaron en base a un decreto de 1997 que es inconstitucional, según la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y pese a un fallo de septiembre del año pasado.

La sentencia publicada en 2018 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 8, expresa que el hecho resulta violatorio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.549 y en la Constitución Nacional, condenando al hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social a que en el término perentorio de diez (10) días, proceda a restituir en el goce de la prestación no contributiva por invalidez otorgadas a las personas con discapacidad que residan en todo el territorio de la República Argentina. Y agrega que debe abstenerse de hacerlo en el futuro.

Para sortear este fallo, el Ministerio apeló y envió intimaciones a más de 9 mil beneficiarios, esta vez cumpliendo con el debido proceso. Desde la ANSES acompañaron esto publicando la guía de trámites a realizar. En 2017 dieron de baja 93 mil pensiones, basándose en el decreto Nº 432/97 que establece más exigencias y reconoce menos derechos que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta norma nunca fue derogada y hoy sigue aplicándose. Por esta razón, varias organizaciones de la sociedad civil piden que se declare inconstitucional.

Sabemos que el Gobierno no piensa cumplir con la sentencia favorable, porque en la Ley de Presupuesto 2019 no está contemplado el pago de estas pensiones, explicó Varina Suleiman, abogada de REDI. El expediente está en la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social y desde esta organización esperan que pronto haya una resolución. Mientras tanto, numerosas ONGs apoyaron una petición realizada desde esta red.

Desoyendo el fallo, desde ANSES encontraron la forma de seguir quitando estas pensiones: Sacaron una normativa sobre cómo van a notificar a las personas la incompatibilidad. Si ellos notifican una y la tiene, se las quitan, aseveró Suleiman. Este es un fallo fuerte que afecta sus predicciones económicas y deben cumplirlo, ratificó.

Los prejuicios suman a la hora de solucionar el problema. Según la referente de REDI, acá hay una responsabilidad del Congreso de la Nación, porque si dictaran una ley con distintos requisitos a los del decreto, esto se terminaría. Pero Diputados y Senadores piensan que las pensiones son casi como un ejercicio abusivo que se daba por clientelismo.

Desde esta organización no afirman que todas las pensiones estén correctamente otorgadas. Lo que decimos es que no es cuestión de sacarlas y empezar a ver, sino de revisar. Es un gobierno que ya va a cumplir 4 años y tuvo tiempo de sobra. Hay una intención política de seguir amparándose en esta normativa antigua. Y eso es lo que la Cámara tiene que resolver. Nos llama la atención que estén demorando tanto, denunció Suleiman.

Empleo

Esta no es la única problemática que sufren las personas con discapacidad. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), la Ley N° 1502/04 de incorporación laboral de personas con discapacidad en el sector público de cupos, solo se cumple en el 2,7% cuando el porcentaje esperado es del 5 por ciento. Desde REDI acompañan y patrocinan varios casos judiciales por este tema. Acá tampoco se está cumpliendo una sentencia judicial, en este caso un fallo protocoliza la forma de contratar cada vez que hay una vacante. Muchas personas no necesitarían de la pensión porque estarían trabajando por el cupo y la mayoría está en condiciones de trabajar, resaltó Suleiman.