Trapitos: ¿prohibirlos o regularlos?
Por Tomás Várnagy. El empleado municipal de San Martín, Fernando Avelik, también denunciado como barrabrava, le propinó un tremendo golpe a un joven que se negó a pagar a una cuidacoche. Sale así a la luz una vieja polémica acerca de si hay que erradicar o regular a los trapitos.
La Real Academia Española define al cuidacoches como “una persona que vigila automóviles aparcados en la vía pública a cambio de una propina”. En España los llaman gorrillas (pues suelen llevar puesta una gorra de béisbol), franeleros en México, guardiamacchina en Italia, flanelinha en Portugal y Brasil, car guards en Sudáfrica. Puede verse una parodia italiana sobre ellos en: https://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=iIgo7cLY6lU
Daniel Muchnik hace una tipología: “hay buena gente y los hay matones”, sin duda son un problema social y se pregunta ¿quiénes son los trapitos? ¿Los que hacen una changa, desplazados del sistema productivo o acaso marginales? “¿Son responsables o no lo son?” Están los que se ocupan todos los días de la misma calle o del mismo barrio. Y figuran los “apretadores” en zonas liberadas, en los grandes espectáculos públicos, incluyendo las cercanías de las canchas de fútbol.“Existen los trapitos porque las condiciones lo permiten. O quizás porque la policía, en complicidad, mira para otro lado, condescendiente.” (Clarín, 29/01/2016)
Algunos desarrollan esta actividad como medio de subsistencia, sin exigir una paga fija; otros, en cambio, como señala Pablo Tomino, “son parte de una red organizada de corte mafioso”. El artículo 79 del Código Contravencional porteño “ofrece puntos grises” razón por la cual “el 97 por ciento de las más de 3.500 denuncia por año que se radican en la fiscalía no prosperan” (La Nación, 26/01/2016) y nunca se multó o castigó a un trapito.
El debate es el siguiente: mientras el PRO quiere prohibirlos, la oposición quiere regularlos. “Y como no logran acuerdos, ninguno avanza” (Deborah Maniowicz,Veintitres, 28/01/2016). En el 2010, el entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, envió una propuesta de modificación del mencionado artículo 79 que contemplaba un endurecimiento de las penas a los cuidacoches. La misma fue rechazada por la oposición planteando propuestas alternativas, como la del Registro de Cuidacoches que fue vetado por Macri. El proyecto macrista “consiste en la prohibición total del trabajo… y fue rechazado en cuatro oportunidades por la Legislatura” (Página 12, 27/01/2016).
La diputada Claudia Neira sostuvo que “el PRO pretende prohibir una actividad lícita como cuidar coches y limpiar vidrios, sin explicar cómo va a resolver el sinnúmero de situaciones de alta vulnerabilidad social que obligan a los jóvenes a recurrir a estos medios informales de subsistencia“, agregando que “en vez de justicia social para los excluidos, el PRO lo único que ofrece es justicia penal” (Telam, 22/03/2014). En esta línea, el diputado Alejandro Bodart (MST) afirmó que “el nuevo intento del PRO muestra su absoluta insensibilidad social. Presuponen que ser pobre equivale a ser delincuente. En vez de criminalizar a los trapitos, hay que asegurar inclusión social y regularizar su actividad”. Para tal fin presentó un proyecto que impulsa el Registro “con control y permisos revocables” ya que “regularizar la actividad es la mejor forma de combatir a las mafias” (ver http://alejandrobodart.com.ar/tag/cuidacoches/).
El legislador porteño Gabriel Fuks considera que “es posible prohibir las mafias organizadas y regular la actividad”, mientras que para el jefe del bloque del PRO, Francisco Quintana, regular “no es la solución, porque es una actividad ilegal… Aprobar una ley en ese sentido sería la derrota del Estado… Creemos que la sociedad tiene una postura bastante definida a favor de prohibir la actividad” (Veintitres, 28/01/2016).
Teniendo en cuenta que hay personas en contexto de precariedad que caen en esta situación como producto de la necesidad (al igual que los cartoneros y manteros), contra lo que hay que luchar no son los trapitos sino las redes mafiosas y organizaciones criminales que explotan esta actividad. El legislador Javier Gentilini (Frente Renovador) apunta, justamente, en esta dirección y su proyecto busca “enriquecer el debate” considerando que “hay que trabajar estructuralmente en los problemas sociales que tienen que ver con la falta de trabajo” (Parlamentario, 28/01/2016).