Entre 2010 y 2014, hubo muchas modificaciones en lo que tiene que ver con la transferencia de fondos realizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) a los distintos municipios del país.

Durante esos cuatro años, la normativa de regulación fue modificada y las exigencias y controles fueron cada vez más laxos en lo relacionado con el objeto financiado y la rendición de cuentas.

 

La Casa de Gobierno de Santa Cruz fue escenario de protestas por problemas para pagar sueldos.

 

Así, por caso, la Auditoría General de la Nación (AGN) observó que se pasó de hablar de un objeto concreto a ser financiado a alegar por parte del municipio una necesidad económica ante un desequilibrio financiero. El informe recién fue aprobado este año.

En lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, “los plazos de presentación se hicieron más extensos, pasando de 90 días a 270 o 360 días, según el caso”. Los auditores manifestaron que “la dilación de plazos en la rendición afectan la adecuada gestión de la transferencia de fondos nacionales”.     

Otro de los hallazgos indica que a partir de 2012, “hubo un incremento de los fondos destinados a los municipios de Santa Cruz”. Se trata de una provincia del mismo signo político que el Gobierno nacional de entonces. En 2012, esos distritos recibieron el 53% de los fondos distribuidos; en 2013, el 64%; mientras que en 2014, el 70%.

Esos porcentajes deben calcularse sobre $1.953.864.698, que es el total de los fondos transferidos por la Jefatura de Gabinete durante los cuatro años auditados.

 

 

Siete municipios de Santa Cruz recibieron asistencia financiera “destinada al pago de sueldo en un plazo que llegó hasta los 31 meses consecutivos”.  ¿Qué tiene esto de particular? En 2013, la Jefatura de Gabinete dictó la resolución N° 13, que estipula que el pago de sueldo puede ser acreditado en las rendiciones de cuenta “en una forma no documentada”. La AGN considera que esto “implica un riesgo inherente para el control interno”. De hecho, “el 70% de lo transferido fue para abonar sueldos”.

Por otra parte, la Auditoría remarcó “debilidades en la rendición de cuentas de los subsidios”. Las presentaciones controladas por la Jefatura de Gabinete permitían que, en caso de detectar inconsistencias en los comprobantes, fueran reemplazados por nuevas constancias.

Así, en municipios de La Rioja, Arrecifes y José C. Paz, la JGM rechazó parte de las rendiciones por incumplimientos técnicos. ¿Qué ocurrió? “Los municipios presentaron nueva documentación cambiando tanto el emisor de la factura como el concepto rendido”.

La Jefatura de Gabinete realiza dos tipos de transferencias: las destinadas a la asistencia financiera de las distintas jurisdicciones; y las realizadas en el marco del Programa Integral de Protección Ciudadana (PIPC), que asigna recursos nacionales como aportes no reintegrables para adopción de medidas relacionadas con la seguridad.