En 2007 se sancionó la Ley Integral de Adicciones en la Ciudad de Buenos Aires (número 2318), que buscaba establecer una política sistemática contra el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA) detectó que los ministerios que deben intervenir en la materia no actúan en conjunto, que cada área tiene limitaciones que le son propias, y que este panorama provoca, entre otras cosas, que se registren abandono de tratamientos y fuga de pacientes.

La Ley 2318 surge de la iniciativa del programa Escuela de Vecinos, para alumnos de secundarios públicos y privados, quienes a su vez participaron en la confección del proyecto desde el diagnóstico de la problemática. La normativa prevé un plan de cuatro áreas: ‘Prevención’, ‘Atención y reinserción social’, ‘Observatorio’, y ‘Seguimiento de sustancias legales’. Estas acciones deben ser llevadas adelante, en conjunto, por los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

No obstante, la Auditoría porteña tomó datos obtenidos por el Ministerio Público Tutelar (un ente del Poder Judicial de la Ciudad) para decir que “prácticamente” no existe interacción entre las carteras, y ejemplificó: “Los tratamientos (en comunidades terapéuticas) son provistos por el Ministerio de Desarrollo Social sin intervención ni articulación con la autoridad de aplicación en materia de Salud Mental”.

Según el informe, aprobado este año, la “falta de intervención del Ministerio de Salud en la política Social de adicciones” toma relevancia si se tiene en cuenta que el 76% de los tratamientos a menores de edad requiere que los pacientes sean internados; que el 95% de las instituciones que los alojan reconocen que los chicos reciben medicación psiquiátrica; y que el 63% de esos casos medicalizados son supervisados “exclusivamente por psiquiatras de las entidades, que en su gran mayoría son privadas”. De hecho, se añade que “de las 21 Comunidades Terapéuticas con las que cuenta la Dirección General de Políticas de Adicciones, sólo dos son efectores propios del Gobierno de la Ciudad”.

Así, la AGCBA concluye: “Las áreas de `prevención´, y de `asistencia y reinserción´ -las dos primeras características que contempla la norma- no están integradas de modo que permitan la implementación de acciones (conjuntas) en el tratamiento de las adicciones”.

Para completar el cuadro, los auditores observaron que “el Ministerio de Salud no dispone de instituciones para alojar personas con patologías por la utilización de sustancias psicoactivas, y existen dificultades en los Hospitales del sistema” para incorporar pacientes, ya sean centros psiquiátricos o bien en los propios servicios de salud mental de los hospitales generales de agudos.

Ministerio de Desarrollo Social

En esta cartera funciona desde 2008 el tercer elemento previsto por la Ley 2318, el Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones. Esta área genera datos sobre la problemática del uso indebido y tráfico de drogas, pero “no recibe de manera sistemática información de los efectores del Ministerio de Salud. Tampoco tienen relación con la Red Metropolitana de Adicciones que se encuentra en la órbita de la Dirección General de Salud Mental”, dice la Auditoría.

También en este Ministerio opera la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, de la que dependen los centros de admisión y derivación de pacientes. Aquí la Auditoría detectó “déficit arquitectónico, limitaciones para obtener vacantes según los días de la semana, falta de dispositivos que faciliten a los jóvenes el cumplimiento de los requisitos exigidos para comenzar un tratamiento (esto es el apto médico previo en un Hospital Público) y traslado posterior a la comunidad terapéutica”.

El tema de los “aptos médicos”, también fue destacado por la AGCBA. Es que el Ministerio Público Tutelar ya había señalado en esta materia un “déficit en el funcionamiento interno del Hospital; falta de unanimidad en los criterios de evaluación, los cuales parecerían quedar librados a conciencia de cada (centro de salud), como así también la voluntad o no de ser realizados en las guardias de los mismos; e inexistencia de un protocolo unificado para la realización de Aptos Médicos para el ingreso a Comunidades Terapéuticas”.

Ministerio de Salud

Según el informe, para trabajar en esta problemática, la cartera sanitaria cuenta con el Departamento de Coordinación de Atención de Conductas de Riesgo Adictivo que, al momento de la investigación, se encontraba a la espera de la designación de cargos por concurso.

Paralelamente, existe la Red Metropolitana de Servicio de Adicciones en la órbita de la Dirección General de Salud Mental. La Red fue creada por un decreto de 1990 (el 1757) que contemplaba la asignación de recursos “que nunca se efectivizaron”, señalaron los auditores. Además, agregaron que el área “no tiene definido un cronograma de reuniones ni se registran en Libro de Actas”.

En la cartera sanitaria también funciona el Programa de Investigación y Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental, que debe realizar diagnósticos de los trastornos y del comportamiento de los pacientes ambulatorios, relevando centros de atención. La idea es “brindar elementos para tomar decisiones y diseñar estrategias de promoción, prevención y atención de la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires”, enfatiza la Auditoría.

El problema, dice el informe, es que la información obtenida por los profesionales en la primera consulta, que luego se procesan para la elaboración de indicadores y conclusiones, “no se remiten ni manera sistemática ni desde todos los efectores, lo que favorece el subregistro e impide contar con datos actualizados y centralizados”. Incluso, el trabajo añade que “no se publicaron datos estadísticos del año 2010 por cambios ocurridos en la estructura de recursos del programa”.

Seguimiento

La AGCBA detectó que existe una “imposibilidad de seguimiento de pacientes internados en instituciones conveniadas”, y que “pese a que se detectó la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en niños, no se definieron acciones ni previeron dispositivos que permitan articular los recursos disponibles entre las distintas áreas (Educación, Desarrollo Social y Salud)”. Asimismo, “las unidades de toxicología existentes resuelven las situaciones agudas, pero no existen dispositivos específicos para su seguimiento y orientación, con un alto porcentaje de abandono de tratamientos y fuga de pacientes”.

Como si todo esto fuera poco, el organismo de control notó la “falta de recursos humanos asignados para la atención de adicciones, en los siguientes efectores de salud: Hospital Argerich, Centro de Salud Mental N°3, Hospital Elizalde, Hospital Gutierrez, Centro N° 1 de Salud Mental, Centro Carlos Gardel”.

Conclusiones

Para la Auditoría porteña, la necesidad de desarrollar acciones combinadas en esta problemática, “contrasta con la implementación de propuestas y programas fragmentados de difícil evaluación y seguimiento. La falta de estadísticas centralizadas impide la elaboración de un análisis epidemiológico que facilite la toma de decisiones respecto de la asignación de recursos y modificaciones en la dinámica organizativa y funcional del sistema”. Asimismo, el informe sostiene que “la integración de equipos que actúen interdisciplinariamente, en un contexto de protección para los pacientes y los profesionales, se ve dificultada por la falta de designaciones, de espacio físico adecuado y seguridad”.

Los investigadores concluyen que, pese a estar contempladas en la normativa vigente, “estos aspectos registran limitaciones y atrasos en su implementación en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“La existencia de una red metropolitana en el contexto de la salud mental no ha podido garantizar el funcionamiento mancomunado de los efectores que la componen, ni reproduce los esfuerzos de quienes la integran para lograr mayores y mejores resultados”, completa el organismo de control.