Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la Administración General de Puertos (AGP), que depende del Estado Nacional y tiene como objetivo llevar adelante la actividad portuaria, está muy atrasada ya que “no se adaptó” a los cambios, como el traspaso de los puertos a las órbitas provinciales. Incluso continúa operando a partir de “usos y costumbres” bajo una estructura aprobada hace más de 20 años.

La AGP es la Sociedad del Estado que fue intervenida en 2003 y que tiene como objetivo “la dirección, administración y explotación de los puertos comerciales de la Argentina”. Es además, el “ente de control respecto de los concesionarios de las terminales portuarias”.

En junio de 1992 se dictó la Ley Nacional de Puertos que implicó la concesión de las terminales y su traspaso a las órbitas provinciales, salvo en el caso de Buenos Aires cuya trasferencia fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de estas modificaciones, la Auditoría manifestó que existe una “falta de adaptación” y que el ente “sigue recurriendo a informalidades, dependiendo del grado de conocimiento y actitud del personal para llevar a cabo las tareas”.

Para hacer más gráfica la falta de modernización de la AGP, los auditores señalaron que “en 2010 el organismo todavía operaba con la estructura aprobada en 1990”, anterior a las modificaciones que se generaron a partir de la nueva legislación portuaria. Recién en 2010 “se puso en funcionamiento una comisión de trabajo para diseñar una nueva estructura organizacional”.

En cuanto a los permisos portuarios, el informe indicó que la Gerencia Comercial de la AGP es “la responsable del seguimiento y control” de aquellas autorizaciones que le son otorgadas a particulares para la explotación de los servicios en el ámbito portuario (permisos de uso), pero, aún así “desconoce los cobros que se hacen por dichos permisos-que al momento de la auditoría ascendían a 111 permisos-”, porque “no tiene acceso al sistema de la administración”.

El organismo de control enfatizó en que la documentación que respalda estos permisos “no está organizada con las formalidades necesarias: son hojas sueltas, sin folios y faltan las resoluciones que renuevan los permisos”, entre otras cuestiones. Ante esta situación, la AGN dijo que el conocimiento que se puede obtener al respecto “no depende tanto de la documentación sino de las personas a cargo de las tareas”.

Por otra parte, la Auditoría señaló que el ente auditado cuenta con 500 agentes que “prestan servicios bajo diferentes modalidades contractuales”. Al respecto, manifestó que hay “una baja proporción de profesionales” que se suma a “la carencia de una estructura organizacional adecuada para llevar adelante la gestión”.

Otro punto que señaló la Auditoría Nacional, en el informe aprobado este año sobre datos del período 2007 a  2009, es que la Administración de puertos “no cuenta con un sistema de información confiable que reduzca la incertidumbre a la hora de tomar decisiones”. De hecho, el sistema GIGA que utilizan para la gestión contable “fue observado en informes anteriores de la AGN y también de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por poner en peligro la eficiencia y la eficacia del cumplimiento de las funciones del organismo”.