Según la AGP, el ente que administra y controla las concesiones portuarias, durante el período analizado, la superficie concesionada del puerto de Buenos Aires alcanzaba los 891.604 m2, por un total de $1.822.060. La Auditoría General de la Nacional (AGN) indica que con estos valores, el Estado obtenía una renta de solo $2 por metro cuadrado (m2).
 
La Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP SE), tiene como objetivo la dirección, administración y control de los puertos comerciales de la Argentina. Una de sus facultades es “otorgarles a particulares el manejo o explotación de un servicio público o el aprovechamiento de bienes de su dominio, mediante una Concesión de Uso o Permisos de Uso, según corresponda”. El ‘permiso de uso’ se aplica para actividades de poca significación jurídica o económica. Aún así, los auditores observaron que la Terminal de Pasajeros Benito Quinquela Martín fue otorgada mediante este tipo de permiso. Al momento de la auditoría, se encontraban vigentes 111 Permisos de Uso y 4 Concesiones de Uso.

El informe aprobado en 2012, sobre el período 2007-2009, explica que “en 2002 se formó una comisión para revisar las tarifas -de los permisos-”, pero la actualización se concretó recién en 2009. Para los auditores, “la demora privó a la AGP de recursos para la consecución de sus objetivos empresariales”.

A su vez, la Auditoría aclara que el 75% de los permisos se “renueva automáticamente -por contrato- un año más”. Esta situación va en “detrimento de uno de los principales objetivos del Plan Maestro” aprobado en 2005, que define políticas y metas de la Administración hasta 2030. Allí se propone “reducir la fragmentación de las zonas portuarias unificando terrenos y usos”.

Frente a ello,  la AGN observó que “el 30% de la superficie arrendada no está destinada a usos relacionados con la actividad portuaria”. Incluso, agrega que “el puerto tiene numerosos espacios libres y cedidos en forma gratuita, que deberían ser rescatados para crear unidades mayores”.  Los nuevos terrenos reagrupados deberían ser dedicados a usos exclusivamente relacionados con la actividad. Entre tanto, el Plan prevé un déficit de superficie portuaria de 12 hectáreas para 2015 y de 35 hectáreas para 2020, de acuerdo al crecimiento portuario.

En cuanto a los plazos de los Permisos, se indica que como máximo deben alcanzar los 10 años dependiendo del nivel de inversión y otras variables de utilidad, pero en la práctica, “el criterio aplicado, generalmente responde a la solicitado por el futuro permisionario”.

Un sinfín de normas

Para la AGN, hay una “profusión” o exceso de normas que reglamentan el otorgamiento de los permisos de usos, dificultando el conocimiento de lo que es aplicable en cada momento. Esta situación, provocó que la Auditoría Nacional no pudiera reconstruir los procedimientos mediante los que se otorgan los permisos. Incluso, los auditores detectaron que “el 27% del total de los permisos otorgados no contaba con el informe de evaluación” que permite determinar “la conveniencia de otorgar o no el permiso”.

A raíz de esta situación, en 2009 “se facultó a la Gerencia General para ordenar el texto de  la Resolución 71/91”, que pautó originalmente este tipo de permisos. Pese a ello, a la fecha de la auditoría, no se había efectuado el ordenamiento.