Un informe de la Contraloría General de la República de Chile señaló que la Subsecretaría de Educación contrató a empresas que no declararon el lazo de parentesco. Suena extraño, pero en Chile las firmas adjudicadas deben demostrar que no hay ninguna relación familiar con los adjudicatarios.

Por su parte, la Subsecretaría le contestó al organismo de control que “las bases administrativas y técnicas obligan a los oferentes a proporcionar una declaración jurada sobre su vínculo a la hora de confeccionar el contrato”. Además, indicó que “de no entregarse el antecedente, se selecciona al siguiente oferente”.

Pese a ello, la Dependencia “no adjunto en su respuesta ningún documento que permita acreditar el cumplimiento de lo aludido”. Por lo tanto, sigue en pie la observación sobre la contratación de las empresas Ediciones Cal y Canto, Editorial FyF, Ediciones Rau & Bodenburg, Santillana del Pacífico y la Empresa Editoria Zig-Zag.

El objetivo de la auditoría fue verificar que las compras que realiza el organismo en cuestión “se hayan efectuado acorde a las normas, que los bienes adquiridos  hayan sido recibidos y que los pagos estén total y oportunamente contabilizados”.

Otra observación de la Contraloría fue sobre los textos escolares que son destinados a profesores y estudiantes de educación básica y media de establecimientos subvencionados chilenos. Para su adjudicación se llamó a una licitación pública. En ese proceso, la auditoría detectó irregularidades: algunos fueron aprobados pese a que “no figuraba el nombre del funcionario encargado del proceso de compra” y otros aunque “no hubiera constancia de que se haya exigido la declaración de vinculo de parentesco a las empresas adjudicadas”

El organismo de control también registró algunas diferencias de cantidad entre los textos comprados y los recibidos. Tal fue el caso de una orden de compra por  6.744 dólares, de enero de 2010, a la empresa Santillana del Pacífico S.A, en la que había una resto de 390 ejemplares entregados en exceso y la orden por  858 dólares a la empresa Fy F ltda, en diciembre de 2009, donde se recibieron 800 libros de menos. Si bien la Contraloría detectó que ambos errores fueron subsanados, señaló que se dejó en descubierto “la ineficiencia de los controles del número de artículos recibidos y su posterior pago”.

Pese a que, según las normativas vigentes, los libros deben estar inventariados de manera que “permitan asegurar su entrega oportuna y su eficiente administración para un buen funcionamiento del Ministerio”, los auditores no encontraron ninguna medida que se haya tomado para tal fin. En consecuencia, no pudieron verificar el porcentaje de productos almacenados y cuál es el stock que se mantienen hasta fin de año. Si bien el auditado presentó una copia renovada al mes de agosto de 2011, la Contraloría mantuvo la observación ya que el documento “no se ajustaba al período evaluado”, que es el 2010.

Seguridad Informática

Con respecto a las licitaciones para los sistemas de seguridad informática en la red global de datos del Ministerio de Educación se observó que “no se sabe cómo se designó a las personas que integran las comisiones evaluadoras de ofertas”. A esta situación se suma que “sus participantes pueden delegar sus tareas a funcionarios elegidos por ellos”, con el consecuente “riesgo de que la Comisión se componga por representantes que no aseguren la imparcialidad y la competencia”. Por su parte, la Subsecretaría reconoció las falencias y aseguró que corrigió la omisión en los siguientes procesos.

En el proceso de licitación de los servicios de seguridad informática, la Contraloría chilena volvió a expresar que “no se proporciona la declaración jurada sobre el vínculo de parentesco”.

Plan de Compras

Si bien la Subsecretaría de Educación tiene “la obligación de elaborar y evaluar un Plan Anual de Compras y un Manual de Procedimiento de Adquisiciones”, en los datos publicados por el ente para el 2009 y 2010 se observó que “solo exhibían las diez principales compras realizadas, desvirtuándose de esta manera el objetivo del plan ya que impide anticipar qué se va a adquirir, qué monto se va a destinar y cuándo se realizarán”.

Tiempos

Tal como sucede en nuestro país, en Chile también pasa mucho tiempo desde que se comienza con los trabajos de auditoría hasta que efectivamente se aprueban. En este caso, para evaluar las compras y contrataciones que realizó la Subsecretaría de Educación en 2010, el organismo de control empezó con sus tareas de campo en 2011 y recién en julio de este año dictó la resolución comunicando el informe.