El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP - PAMI) se encarga de otorgarles a los afiliados del Régimen Nacional de Previsión, las prestaciones sanitarias y sociales tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

La Auditoría General de la Nación (AGN) observó que los trámites para la compra de muletas, bastones y andadores, para atender la demanda del segundo semestre de 2008 y primer semestre de 2009, demoraron 1 año y 3 meses (entre la apertura de la actuación de la licitación pública hasta la emisión de la orden de compra). Del mismo modo, otra contratación con “demora significativa” fue efectuada para la compra de sillas de ruedas, que tardó un año.

El informe, aprobado este año sobre datos de julio del 2008 a octubre de 2009, también detectó que el monto de la contratación de las sillas de ruedas “sufrió sucesivas ampliaciones”, lo que dio un aumento del 84 % del valor original adjudicado de $ 8.282.910. Sobre este incremento, la AGN dice que “se incumplió la norma de contrataciones” dado que “no permite ampliaciones que superen el 35 %”.

Como si esto fuera poco, el organismo agrega que “se le otorgó una ampliación a un proveedor que no había cumplido con la entrega de insumos correspondientes a la orden inicial”. Algo similar sucedió con la compra de Camas Ortopédicas, en la que “se realizó la adjudicación a un proveedor que tenía antecedentes de haber incumplido las entregas en una contratación anterior”.

Los auditores señalaron que, bajo el periodo en análisis, “la Unidad de Auditoria Prestacional no realizó controles a los prestadores que brindan servicios a las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI de todo el país (aquellas sucursales donde se atiende a los afiliados), a excepción de la VI de Capital Federal y la UGL XXIII de Formosa.

Además, hubo falencias en el circuito de provisión de elementos de fisiatría: “La mayoría de los formularios de solicitud por parte de los afiliados no tienen fecha y faltan datos en las órdenes de provisión”, indicó la AGN entre otras observaciones.

Por último, el informe explica que se encontraron varias irregularidades en los expedientes de aquellos afiliados que cumplieron con el tope de sesiones autorizadas y necesitan continuar el tratamiento: “No figuran los motivos por los cuales se tramitan por vía de excepción, en la mayoría falta la solicitud del médico de cabecera, no figura la firma del afiliado por cada sesión y no tienen los informes médicos sobre el resultado de la prestación”.