La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la ejecución del Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR). Encontraron fallas en la rendición de cuentas, subejecución presupuestaria y fondos mal otorgados, entre otras irregularidades

El programa fue creado en 2005 con el objetivo de promover y fomentar acciones universitarias para el desarrollo nacional y regional tendientes a mejorar de la calidad de las universidades nacionales. FUNDAR debía asignar fondos a las instituciones universitarias nacionales mediante proyectos especiales o contratos del Programa Plurianuales celebrados con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Sobre esta última modalidad, la SPU debía presentar las líneas de acción y los criterios de distribución de fondos. Para esto se creó un Consejo Directivo integrado por un presidente y seis vocales que se encargaban de aprobar y efectuar convocatorias, asignar recursos, supervisar el seguimiento de proyectos y dar el visto bueno al informe final.  

Para la AGN, el programa se constituyó en “un conjunto de transferencias otorgadas sin un patrón objetivo, medible y verificable”.

Sin embargo, dos años después la norma con la que surgió el programa fue derogada parcialmente por una Resolución que dejaba sin efecto la estructura de funcionamiento del FUNDAR, pero mantenía vigente su existencia en cabeza de la SPU y la misión principal de fomentar el desarrollo institucional de las universidades nacionales.

En su informe la AGN señala que como consecuencia de la derogación parcial de la norma de creación, “se debilitó la estructura organizativa” y se generó un “vacío reglamentario”. Para el organismo de control a partir de 2007 FUNDAR fue constituyéndose en "un conjunto de transferencias otorgadas sin un patrón objetivo, medible y verificable", además de no contar con un plan "que considere en forma integral las necesidades de las universidades nacionales”.

Criterios poco claros

La Auditoría sostuvo que las transferencias de fondos durante el período analizado fueron “otorgadas y ejecutadas con criterios disímiles”, sin la posibilidad de controlar su cumplimento ni establecer metas y objetivos para su evaluación.

Algo similar sucede con la selección de los beneficiarios para recibir fondos públicos, ya que estos deberían ser elegidos en base a criterios objetivos, prestablecidos en un procedimiento reglado que tenga en cuenta su misión general. Sin embargo, la Auditoría detectó que la actual distribución de fondos no refleja la priorización de la equidad. 

La AGN mostró que hay una “escasa o nula correlación entre los montos transferidos y la cantidad de estudiantes de las universidades beneficiarias”, ya que las transferencias devengadas por universidad promediaron cerca de $1.500 per cápita matriculada, y variaron desde un máximo de $37.226 por estudiante para el caso de la Universidad de San Antonio de Areco a un mínimo de $46 en la Universidad Chaco Austral.

La AGN también halló que hubieron transferencias de fondos por $137.470.000 realizadas a entidades sindicales y federaciones gremiales, que no son beneficiarios elegibles. El informe explicita que estos gastos “fueron destinados a realizar aportes a los gremios y federaciones” en función de los acuerdos paritarios, por un 1% del incremento salarial negociado, por lo que no están relacionados de manera directa con la misión ni las acciones ni las prioridades del FUNDAR. 

Subejecución y fallas en la rendición de cuentas

De la muestra seleccionada para el análisis, la AGN encontró que la mitad de los fondos transferidos no fueron rendidos y el 86,3% de lo rendido no cuenta con su correspondiente aprobación. El informe agrega que la SPU no intima en tiempo y forma a las entidades que no realizan la rendición de cuentas. De los expedientes analizados no surgen constancias que acrediten intimaciones a beneficiarios de transferencias por incumplimiento.

Además durante el año auditado hubo una subejecución presupuestaria de 71,92%. La asignación de fondos para FUNDAR 2018 fue de $3.068.392.000, la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de $902.704.559. “Esta situación configura una subejecución significativa”, concluyó la AGN.