"No se evidencia control sobre los destinos de los inmuebles en zona de frontera que fueron otorgados por vía de excepción antes de 2007", advierte la Auditoría General de la Nación (AGN) en su informe que evalúa los procedimientos necesarios para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La semana pasada publicamos en El Auditor.info algunos datos de este informe vinculados con el análisis que se hizo en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puntualmente en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (DNRTR). No obstante, también trabajó para un correcto cumplimiento de la ley de tierras extranjeras el ex Ministerio del Interior y Transporte, mediante la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera (DATF).

Hay más de 16 millones de hectáreas en manos extranjeras.

Sobre esa última Dirección, la AGN señaló que además de no tener control sobre las excepciones en zona de frontera "ni siquiera forman parte de la base de datos". 

Las dos dependencias "no trabajan de manera coordinada ni se comunican entre sí". El informe, aprobado en octubre de 2017, explica que tienen trabajo complementario y hubiera sido útil, por ejemplo, que el Registro Nacional de Tierras Rurales, que posee un relevamiento de propietarios extranjeros, le proporcione esa información a la DATF para establecer quiénes son los titulares en zonas de fronteras.

Ello sin contar que "atenta contra los principios de economía procesal, celeridad y sencillez que debe regir en los trámites administrativos", agrega la AGN. 

En abril de 2015 se realizó el primer relevamiento de tierras rurales en la Argentina cuyo resultado arrojó que la extranjerización de tierras es del 6,09% del total.

 

 

El dato más importante del análisis es que ninguna provincia se encuentra por encima del 15% que establece la Ley de Protección al Dominio nacional de Tierras Rurales. 

 

 

Continuando con la labor de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera, la Auditoría nacional detalló que "los controles que realiza son insuficientes al igual que los procedimientos implementados en las inspecciones, ya que se limitan a una visita por parte de Gendarmería o Prefectura y el llenado de un acta con información básica, si ninguna otra tarea que permita una evaluación eficiente".

Sobre las vías de excepción, la AGN observó que "no se controla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los peticionantes" entre las que se incluyen un informe semestral de avance del proyecto de inversión y la nómina de personal empleado.

La Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras no tiene atribuciones para sancionar a un infractor.

Pese a que la Dirección dice que lo controla, la Auditoría verificó que "solo se hace una evaluación ocular, no hay registros que le permitan detectar la falta de cumplimiento de los proyectos de inversión ni tiene profesionales para analizar la veracidad y la viabilidad de los mismos". 

De todas formas, si la DATF detectara incumplimientos a la normativa establecida, como por ejemplo el destino del inmueble, "no tiene atribuciones para sancionar al infractor". Las únicas acciones que puede llevar adelante son la comunicación al Secretario del Interior, al Tribunal Superior de Justicia provincial y al Colegio de Escribanos, para que sean ellos quienes tomen medidas al respecto, y la desaprobación de futuros trámites a nombre del infractor.