En esta edición, coincidente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentamos un informe de la Auditoría Nacional de Lituania que pone el foco en las acciones del Estado para la prevención de la trata de personas, uno de los delitos más graves que violan los derechos humanos. 

Según la Oficina Europea de Policía (Europol), la trata de seres humanos afecta a más de 120.000 vidas por año en Europa. En nuestro país, se estima que 77.300 personas padecen esta situación, según los datos del Índice Global de Esclavitud de 2014, desarrollado por la Fundación Free Walk que trabaja para poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas. 

“La lucha contra el tráfico de seres humanos debe incluir –además de la indicación de los crímenes ya realizados-, la introducción de medidas preventivas eficaces y un soporte integrado para las víctimas”, sostiene el organismo de control lituano. 

La Auditoría realizó este año un informe en el que concluyó que “los principales temas sobre la prevención de la trata de personas están sin resolver” por lo que “las víctimas de este delito no reciben suficiente apoyo”.

El tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados o extracción de órganos. Según este informe, también existen nuevas formas de trata, como el matrimonio falso o el uso de las mujeres para la maternidad subrogada.

En Lituania, las instituciones gubernamentales “no están obligadas a contribuir en la lucha” de este delito. Tanto es así, que cuando el Ministerio del Interior invitó a 27 agencias estatales a participar en la aplicación de las medidas destinadas a la lucha contra el comercio de seres humanos, solo recibió una oferta y fue del Departamento de Policía.

Sin embargo, “las medidas puestas en marcha por la policía no son suficientes para eliminar las principales condiciones de la trata de personas”. Además, las acciones “no se adaptan a las características específicas de la delincuencia en cada zona”. 

Uno de los ejemplos que cita el organismo de control es la medida aplicada por la policía en el distrito de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania. Allí, las acciones están dirigidas a “la eliminación de la trata con fines de prostitución”, no obstante, en esa localidad “más de la mitad de los casos están relacionados con el comercio de personas para trabajos forzados y crímenes”. 

A esta situación se le suma que “no hay una preparación adecuada para identificar a las víctimas” y tampoco existen “reglamentos sobre la prestación de apoyo” a las mismas. 

Una de las organizaciones de la sociedad civil –el Centro de Crisis de las Personas- que presta asistencia a quienes sufren este delito, recibió desde 2012 hasta 2014 “14 solicitudes de víctimas que piden alojamiento temporal”. De ese total, “solo se le concedió albergue a cuatro de ellas, seis encontraron refugio con sus familiares, mientras que el destino de los cuatro restantes se desconoce”. 

“El no proporcionar alojamiento temporal da lugar a una protección insuficiente”, segura el órgano de control de Lituania. 

Frente a esta situación, la Auditoría Nacional junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo formularon recomendaciones para “crear un sistema eficiente para la prevención y control de la trata de personas que garantice el abastecimiento adecuado de apoyo a las víctimas”.