El Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria "dio de baja el 46% de los hitos o productos esperados" y, encima, "solo cumplió con el 62% de los objetivos restantes". Esta situación se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo del organismo de control fue evaluar la gestión del programa. A priori tuvo un gran inconveniente que en la jerga se llama limitación al alcance. Cuando la Auditoría pidió documentación sobre la adquisición de equipamiento, vehículos y maquinaria, contratación de consultorías y capacitación, la respuesta del INTA fue que "estaban en un depósito de guarda, custodia y administración y que su transporte era sumamente oneroso y de difícil acopio en la unidad". Esto imposibilitó a la AGN evaluar la información y, en consecuencia, emitir una opinión.

El INAI no dio información porque estaba en un depósito y su transporte era caro.

Volviendo al programa, en el informe se detalla que su costo total es de U$S 213 millones, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia el 80% y el restante 20%, la República Argentina.

La auditoría, que abarca el período 2012-2016, señala que "el grado de eficacia del programa fue bajo". Esto se debe principalmente a que "en el diseño original se contempló la ejecución de 69 productos a alcanzar que, en la evaluación de medio término, "se decidió desactivar el 46% de los hitos debiendo ser reajustadas tanto sus metas como su presupuesto".

El informe, aprobado en agosto de 2017, detalla que "de los 37 productos que quedaron solo alcanzaron su meta el 62% mientras que el restante 38% estaba pendiente de ejecución a julio de 2016. Por ello se "solicitó un prórroga, otorgada por el BID, con fecha de finalización el 26 de marzo de 2018".

Entre los componentes desactivados hay varios vinculados con la investigación para la pequeña agricultura familiar y la capacitación estratégica.

 

 

 

¿Por qué no se cumplieron las metas?

La AGN señala dos motivos principales. Uno es que el Ministerio de Hacienda, desde el 2012, "no envió las asignaciones suficientes del crédito presupuestario", hecho que motivó al organismo de control a recomendar que "las máximas autoridades del INTA realicen las gestiones correspondientes ante los organismos, a fin de lograr el financiamiento necesario para el buen desempeño del Programa".

Por otro lado, se remarca que "durante los primeros años se registraron complejidades en la planificación interna del organismo" ya que "se proyectaron metas por encima de las posibilidades reales de ejecución".

Otro de los puntos críticos que observó la Auditoría nacional es que "el INTA no cuenta en su estructura con un área ambiental". Si bien durante el desarrollo del programa se contrató un responsable en el área, la AGN consideró "conveniente crear un sector con capacidad para brindar información en los proyectos, realizar informes y supervisar los posibles impactos de las obras realizadas".

De hecho de los seis laboratorios construidos, que debían contar con previa evaluación ambiental, "solo dos habían cumplido con el requisito". Según el Plan de Gestión Ambiental y Social del programa "no solo los laboratorios deben contar con la evaluación previa de impacto". No obstante, "se habían efectuado 15 obras sin ella, como estaciones experimentales e invernaderos".