Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que evaluó el desempeño de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), reveló que los montos de los subsidios transferidos a las escuelas “poseen diferencias” con los informados por el 18% de los colegios privados de la muestra. Por ello, y entre otros motivos, la Auditoría recomendó “fortalecer los circuitos de control”.

El estudio “tuvo como fin examinar los aspectos legales y técnicos de las transferencias que efectúa el Ministerio de Educación a los establecimientos educativos de nivel medio de gestión privada”. Para ello, la AGCBA analizó 28 de las 278 escuelas que recibieron subsidios durante el 2008. Para ese año el total de dinero asignado superó los $262 millones.

En su informe, aprobado en septiembre de 2010, la Auditoría comparó los valores transferidos por la DGEGP y la información suministrada por las escuelas y detectó en algunas escuelas el monto rendido fue superior al trasferido como subsidio y viceversa.

El “Acto Administrativo” es el que respalda cada subsidio que entrega la Dirección, “otorgándole legalidad a la transferencia de los fondos públicos que gestiona cada establecimiento educativo”. Sin embargo, según lo expuesto por la AGCBA, en el 50% de los legajos de la muestra “no se localizó el acto administrativo”.

Por otro lado, se analizaron las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) para 2008 que, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2541/91, determinan la cantidad máxima de empleados subvencionable para el nivel medio y la carga horaria para cada uno de los establecimientos educativos. En este punto, los auditores “detectaron errores en más de la mitad de las escuelas de la muestra: el 29% de los establecimientos de la POF presentaban mayor cantidad de cargos que el plantel máximo subvencionable establecido en la normativa”. En “el 32%, existían errores en la cantidad de horas cátedra asignadas de acuerdo a lo estipulado en los planes de estudio respectivos, y en el 43% de las escuelas se encontraron errores en la liquidación de haberes”.

Además, la AGCBA encontró en diferentes expedientes que “la documentación -estaba- mal archivada, sin el adecuado orden formal, mal foliada o –directamente- sin foliar”.

Como conclusión, y en consecuencia de las observaciones realizadas por los auditores de la ciudad, el organismo de control señaló la “necesidad de fortalecer los circuitos de control interno con el objetivo de minimizar los desvíos o diferencias que pudieran ocasionar un posible riesgo económico a la administración”.