Las áreas protegidas están en peligro

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de seguimiento sobre la labor de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS). De las 40 recomendaciones realizadas por el organismo de control en 2016, solo se resolvieron ocho. 

El informe, aprobado por resolución 169/16, había arrojado como resultado una serie de observaciones para que la APN y el SGAyDS mejoren. Cuando la auditoría volvió en abril de 2019, encontró ocho recomendaciones totalmente subsanadas, 17 regularizadas parcialmente y 15 que no fueron regularizadas.

Algunas de las deficiencias detectadas 

Los planes operativos indican que los recursos destinados para conservación en 2018 fueron del 6,3% y en 2019 del 7,3%. Como se mantuvo en los mismos niveles de años anteriores, la AGN recomendó nuevamente “arbitrar los medios para asignar mayores fondos para los programas de conservación en las áreas protegidas con el fin de contribuir a su protección”.

Sobre recursos humanos, en el informe de 2016 se señala que “el personal disponible no cubre las necesidades de conservación de las áreas protegidas”, habiéndose detectado que “no hay suficiente personal con estabilidad laboral (de planta permanente) en las áreas protegidas ni guardaparques contratados”. También describe que parte de las funciones de gestión del área (control y vigilancia, incendios forestales, emergencias ambientales) son cubiertas por pobladores locales que actúan como guardaparques de apoyo. 

Según se pudo constatar en el informe de seguimiento, el panorama en la Administración de Parques Nacionales no cambió demasiado. “Si bien durante el período auditado aumentó la cantidad de personal disponible, este incremento no fue proporcional al número de área protegidas creadas".

Los recursos humanos siguen sin ser suficientes para que en todas las áreas puedan realizar las actividades esenciales en forma satisfactoria. El promedio de guardaparques y brigadistas disminuyó por lo que no resultó suficiente para atender las actividades de fiscalización y emergencia, señala el informe. 

Poblaciones originarias

Una de las observaciones hecha por la AGN hace 5 años fue la situación jurídica de la tenencia de la tierra de los pobladores originarios y de pobladores rurales. En ese entonces detectaron que no estaba regularizada y había áreas protegidas con pobladores. En el último informe se indicó que el problema continúa ya que “el cuerpo normativo institucional para abordar las problemáticas de las poblaciones que viven dentro de las áreas protegidas no ha logrado dar lugar a un proceso sostenido de política pública”.

Actualmente hay poblaciones que tienen “Permiso Precario de Ocupación y Pastaje”, otras tantas con “Reconocimiento otorgado por Resolución del Directorio de APN” y un grupo “sin reconocimiento”. Al respecto, en el informe se detalla que existen 15 áreas protegidas que cuentan con 173 poblaciones establecidas y, de ellas, 75 no cuentan con ningún tipo de reconocimiento institucional.

Dentro de las recomendaciones de 2016, la AGN señalaba que, pese a que existe un marco normativo que destaca el papel de las comunidades originarias y regula su participación en la toma de decisiones de los recursos de las áreas que habitan, “en la práctica los avances en este sentido han sido escasos” y que “la política de comanejo tiene un grado de implementación muy bajo”.

La participación de las poblaciones originarias en la toma de decisiones sigue siendo muy baja.

El organismo puntualiza que se aprobó, en la Administración de Parques Naciones, la inclusión de la Coordinación de Pobladores y Comunidades y se decidió la formalización de la creación de la Mesa Política de Comanejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi; la creación del PN Aconquija, la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades diaguita-calchaquíes, con participación del INAI y se elaboraron proyectos de fortalecimiento comunitario y desarrollo sustentable para las comunidades asentadas en las zonas de amortiguamiento del PN Calilegua (pueblos kolla y ocloya) y MN Laguna de los Pozuelos (pueblo kolla).

Cooperación con actores no gubernamentales

El informe de 2016 también explicaba que existía “un alto porcentaje de áreas protegidas que tienen baja o nula articulación y cooperación con actores no gubernamentales involucrados en la gobernanza” del área.

Esta situación no cambió porque "no se han potenciado las comisiones asesoras locales ni ningún tipo de mecanismo permanente de diálogo entre la administración de parques nacionales y los actores sociales involucrados en las áreas protegidas”. 

Calidad del agua

Otro de los temas a resolver es la calidad del agua. En el documento primigenio se solicita en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (MNLP) un estudio de la propia laguna para poder establecer si la zona requiere de un plan de remediación por los pasivos ambientales generados por la Mina Pan de Azúcar. 

En el documento aprobado recientemente se volvió a detectar la presencia de más de 20 yacimientos minerales metalíferos en la zona de amortiguamiento del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Sobre esto, “si bien existe evidencia documental en la que desde la Intendencia del MNLP se planificó en 2018 la toma de muestras para análisis de calidad del agua de la Cuenca de Pozuelos, y durante el período auditado se realizaron dos análisis físico-químicos de metales en aguas superficiales y subterráneas de la laguna y el río principal, y un análisis bacteriológico, no se realizan monitoreos en forma periódica”.

Redefinir prioridades

Cinco años atrás la AGN también resaltó la importancia de elaborar una estrategia que redefina las prioridades considerando una mejor administración de las áreas protegidas con alta participación, mejores niveles de investigación científica, realización de monitoreo de la biodiversidad y programas de vigilancia eficiente. Sobre este punto, ahora se advirtió el progreso en el proceso de planificación, “aunque persisten dificultades que limitan la gestión eficaz de las AP”.

Por último, la Auditoría había marcado problemas en la capacidad de carga ¿Qué es? El número que puede sostener un sitio protegido sin ocasionar impactos negativos en sus recursos. Se realiza un estudio para evaluar los impactos producidos por el turismo y orientar el desarrollo turístico hacia un proceso planificado y preventivo para que se desarrolle de acuerdo con los principios de la sustentabilidad. 

En 2016 la AGN dijo que “no se encontró evidencia de estudios de capacidad de carga en ninguna de las AP”. Ahora, en el nuevo informe, se estableció la capacidad de carga de algunos sectores concesionados en ocho áreas protegidas: Iguazú, El Palmar, Talampaya, Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces, Los Glaciares y Tierra del Fuego. Estos nuevos números igual no alcanzan para cumplir con el compromiso asumido en la Meta de Aichi 11 que establece para 2020 que al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras estén protegidas. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La AGN realizó un apartado para revisar el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 que consisten en “conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos” y del 15 establecido para “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad ”.

La Meta 14.5 remarca que para 2020 se debían conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, “de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible”. En su informe la Auditoría sostuvo que, si bien se registraron avances durante el período auditado, “a marzo de 2019 la superficie marina protegida era del 7,05%”, por lo tanto no se alcanzó el objetivo. 

Por otro lado la Meta 15.1 apuntaba a velar, en el 2020, "por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales”.

Argentina adoptó el indicador sobre “superficie de bosque nativo como porcentaje de la superficie total”. La AGN consideró que éste “resulta incompleto” ya que no permite el seguimiento de la Meta 15.1. “Hace referencia solo a los bosques nativos sin brindar información sobre los demás ecosistemas objeto de conservación que incluye la meta (humedales, montañas y zonas áridas) ”.