Tras analizar la provisión de medicamentos oncológicos que el PAMI brinda a sus afiliados, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó un “supuesto perjuicio” para la entidad, que ascendió a $ 1.442 millones.

Según el organismo de control, las operaciones en cuestión se realizaron en agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y de enero a marzo del año siguiente, en el marco de un convenio entre la obra social de los jubilados y las tres cámaras que nuclean a los principales laboratorios. 

Ese pacto incluía dos artículos relacionados con el precio de los remedios. En primer lugar, el número 15 señalaba que “la industria aplica sobre el PVP (precio de venta al público) un descuento del 50% por cada medicamento oncológico y para tratamientos especiales”. 

En segundo lugar, el artículo 80 marcaba que “la industria asegura que el descuento final otorgado al PAMI sobre el PVP de un medicamento será igual o superior al otorgado a cualquier Obra Social en la República Argentina”.

PAMI abonó por unos principios activos entre 8 y 24 veces más que el Ministerio de Salud, detalla la AGN

Pese a esas facilidades, la AGN reveló que “no se tuvo evidencia del procedimiento de cálculo efectuado para determinar la aplicación y valuación de los débitos previstos en los artículos 15 y 80 del convenio”.

Así y todo, las operaciones se hicieron. Dice la investigación, aprobada este año: “En cuanto al control del precio efectivamente pagado por el PAMI, no existe documentación y/u otros elementos de juicio que permitan constatar si el descuento adicional estipulado en el artículo 15 fue adecuadamente calculado, ni existen evidencias de que se haya efectuado algún procedimiento de control que permita calcular el descuento por aplicación del artículo 80”.

En esas compras, hechas a fines de 2017 y en el primer trimestre de 2018, “se determinaron causales de impugnación que debieron dar origen a descuentos por errores de trazabilidad”, observó la Auditoría y completó que no se hicieron las rebajas previstas “sin que surja justificación de ello, lo que puede ocasionar un perjuicio económico para el PAMI”. 

Eso no es todo. El informe también alertó sobre el “posible impacto en el acceso de los afiliados a futuras prestaciones de medicamentos, además del posible enriquecimiento sin causa”, y detalló: “La valorización de ese supuesto perjuicio importa la suma de $ 1.442.479.429”.

“Utilización antieconómica de fondos” 

No obstante, las compras en cuestión no fueron las únicas objetadas por la AGN. El organismo comparó operaciones hechas en mayo de 2017 por el Ministerio de Salud, para proveer al Banco Nacional de Drogas Oncológicas de cinco principios activos, y descubrió que “el PAMI abonó por esos mismos principios, y en el mismo mes, entre 8 y 24 veces más”.

Sobre esto, el ente de control dice que “las diferencias no resultan razonables” aun contando la presentación de los productos o los costos de logística, lo que “evidencia la falta de análisis de economía” por parte de la obra social.

Por ejemplo, mientras la cartera sanitaria adjudicó la provisión de una ampolla de oxaliplatino, ofertada por el Laboratorio Varifarma S.A. a un precio de $ 80 la unidad, “en el mismo mes (mayo 2017) dicha ampolla, de la misma marca comercial, fue pagada por el PAMI a $ 1.910,79”, graficó la investigación.

Además, se añadió que “el mismo principio activo (en idéntica presentación) fue ofertado por el Laboratorio Microsules por $ 268,40, y dispensado y pagado por el PAMI a $ 1.845 la unidad”, y agregó: “Similares situaciones se repiten con los principios activos capecitabina, clorhidrato de irinotecan, paclitaxel y gemcitabina”.

Durante el período auditado, se autorizó la dispensa de medicamentos oncológicos prescriptos por especialistas no empadronados

Y, para completar, los auditores se encontraron con que “el PAMI pagó por la dispensa de 20 principios activos oncológicos la suma de $ 2.421.811.045, mientras que para el año siguiente adjudicó los mismos principios por $ 598.680.687, implicando una reducción del 75% para el mismo volumen y presentación”. 

En resumen, la Auditoría recalcó que “el PAMI no utilizó otros mecanismos ni herramientas tendientes a evaluar la economía de los precios a pagar por los medicamentos oncológicos, que son fijados por la industria, ni utilizó mecanismos tendientes a lograr la concurrencia y competencia, lo que llevó a la utilización antieconómica de los fondos de los afiliados, con el impacto que eso tiene en las prestaciones sanitarias y sociales que debe brindar” la entidad.

La ruta del medicamento

La receta. Por otra parte, el organismo de control verificó que “el padrón de oncólogos está incompleto”, y que, “durante el período auditado, se autorizó la dispensa de medicamentos oncológicos prescriptos por especialistas no empadronados”.

Según la AGN, el PAMI “no verifica que los prescriptores sean especialistas” y, para argumentar esa posición, detalla que de una muestra de 384 recetas, realizadas por 359 médicos, de los cuales “121 son especialistas empadronados, 142 son especialistas no empadronados, y los 96 restantes no son especialistas oncólogos u oncohematólgos”. 

Esto equivale a decir que una de cada cuatro recetas está elaborada por profesionales que no se relacionan con las enfermedades en cuestión.

La autorización. El siguiente paso tiene que ver con la autorización de recetas para la continuidad de los tratamientos ya aprobados por auditoría médica. En ese sentido, de la muestra analizada por la AGN, se observa el “cumplimiento en término en el 64% de los casos, mientras que el 36% restante arrojó demoras de hasta 64 días hábiles comerciales”.

“Tal ineficiencia -apunta el texto- afecta el acceso oportuno de los afiliados a la medicación oncológica e influye en la continuidad de sus tratamientos, pudiendo impactar en su posible restablecimiento, sobrevida y/o calidad de la misma”.

La entrega. Finalmente, la investigación afirma que “el PAMI en general y la Gerencia de Medicamentos en particular, no controlan de manera total, sistemática y eficiente la distribución y entrega a farmacias de medicamentos oncológicos, ni confecciona informes o reportes periódicos para conocer y dar a conocer el estado de situación a las autoridades para la toma de decisiones”.