Tras cuatro meses, cierra la renegociación de la deuda externa
A 120 días de la primera propuesta argentina, y tras el acuerdo con los principales acreedores, este lunes vence el plazo para los bonistas que aún no adhirieron al canje. Cómo cambió la oferta en ese lapso, cuánto se resignó del mentado alivio en las cuentas públicas, y cuál será la compensación para los tenedores de papeles defaulteados.
Llegó la hora. Luego de cuatro meses de negociaciones y tras confirmar el acuerdo con los principales acreedores del país, este lunes 24 se cierra definitivamente la reestructuración de la deuda externa.
En rigor, lo que vence es el plazo de adhesión a la propuesta final que el Gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), para los bonistas que aún no hayan aceptado la oferta.
Ese prospecto incluye el canje de 21 series de bonos emitidos bajo legislación de Nueva York y del Reino Unido por un total de U$S 66.072 millones, un monto que equivale al 20% de la deuda pública bruta.
Según detalla un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el acuerdo supone una modificación de los vencimientos que afrontará el país, más una quita de intereses y de capital que, en conjunto, significan un alivio -es decir, una menor presión del pago de la deuda sobre las cuentas públicas-, de U$S 34.524 millones respecto de la situación previa a la reestructuración.
El próximo paso será la liquidación de la operación, prevista para el 4 de septiembre, y que incluirá el canje de los bonos bajo legislación local. Ambos conjuntos de papeles suman 107.852 millones de dólares.
Pero desde el 22 de abril, fecha de la primera oferta argentina, hasta el anuncio del acuerdo con los acreedores hubo sucesivas propuestas de ambas partes.
Resumiendo, al inicio de las negociaciones, el país proponía pagar U$S 40,4 dólares por cada US$ 100 de valor nominal, mientras que los bonistas pretendían US$ 66,30.
Con el paso del tiempo, las posiciones se fueron acercando hasta llegar a agosto con un valor consensuado de US$ 55,80 dólares por cada US$ 100.
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Según el acuerdo, los nuevos bonos comenzarán a pagar intereses el 9 de julio del año que viene y los desembolsos serán cada seis meses.
Además, el pago de amortizaciones de los papeles que vencen en 2030 se realizará en julio de 2024, mientras que en el caso de los bonos que expiran en 2038, el desembolso está previsto para el mismo mes de 2027.
Por otra parte, mientras que el cronograma de vencimientos anteriores a la reestructuración se concentraba en el período 2021-2028, a partir del acuerdo se traslada al lapso 2025-2035.
Lo que se cedió
En estos 120 días de negociación, el Gobierno argentino fue cediendo alguna de sus pretensiones con respecto a la oferta de abril.
Por ejemplo, el alivio buscado al inicio del período ascendía a U$S 42.346 millones y, como ya se dijo, la reestructuración permitirá aminorar esa presión sobre los números públicos, finalmente, en US$ 34.524 millones.
Lo que equivale a decir que desde el 22 de abril hasta el 4 de agosto se resignaron US$ 7.822 millones de dólares en favor de los acreedores.
Asimismo, siguiendo al informe de la OPC, si bien el acuerdo implica una quita del 61% de la carga total de intereses a lo largo de la vida de los títulos, más una quita nominal del 1,9% en promedio, y que también se contempló la situación de los tenedores que participaron de los canjes de 2005 y 2010 -que ya habían sufrido recortes en esas operaciones-, lo cierto es que el Gobierno debió ofrecer incentivos para lograr la aceptación de los acreedores.Y esos estímulos, en rigor, significan mayores desembolsos para las arcas públicas.
Esto está relacionado con la emisión de bonos por intereses corridos. Se trata del reconocimiento que hará el país sobre el rendimiento de los papeles defaulteados el 22 de mayo si hubieran seguido vigentes hasta la fecha de liquidación de la operación (el ya mencionado 4 de septiembre).
En definitiva, más allá de las quitas, esta operación implica un aumento del 2,3% en el stock de deuda considerado, en el caso de que todos los bonistas adhieran al canje.
Por último, al principio de la negociación el Gobierno pretendía un período de gracia, o sea, un lapso en el que no se paguen intereses ni amortizaciones de capital, de 30 meses. Pero finalmente se acordaron 10 meses.
