Hubo 4.555 pedidos de acceso a la información pública en la Ciudad de Buenos Aires durante 2022, según un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA). El organismo evaluó la labor de la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información (DGSOCAI), que gestiona las solicitudes conforme a la Ley 104, coordina las relaciones con los entes de control y promueve mejoras en la gestión de estos pedidos, además de fomentar la publicación proactiva de información por parte de las áreas de Gobierno.

El documento, aprobado por la AGCBA en agosto de 2024, expuso que la DGSOCAI “cumplió satisfactoriamente sus tareas principales”, pero se detectaron “problemas que afectaron la rapidez y completitud de las respuestas”, especialmente en solicitudes que involucraban a varias áreas. 

De acuerdo a lo informado por la Dirección, de las 4.555 solicitudes de acceso a la información recibidas durante 2022, 3.870 se resolvieron dentro del plazo, 559 fuera de término, 2 quedaron pendientes en tiempo y 124 fuera de plazo. 

Cabe destacar que la Ley 104 establece que toda solicitud de información debe ser respondida en un máximo de 15 días hábiles, con una posible prórroga excepcional de 10 días hábiles más, siempre y cuando se informe al solicitante y a la autoridad antes de que venza el plazo original. 

Del total, 1.363 solicitudes (29,9%) utilizaron esta prórroga. Además, 853 casos (18,7%) se resolvieron en 5 días, 2.136 (46,8%) en 15 días, 1.169 (25,6%) en 30 días, 205 (4,5%) en 60 días, 62 (1,3%) superaron los 60 días, y 130 (2,8%) no contaron con datos o no recibieron respuesta.

La auditoría halló que, cuando una solicitud de información requiere respuesta de varias áreas, el expediente se envía de manera consecutiva: primero a un área y luego a las demás. Esto genera desigualdad en los tiempos de respuesta, ya que la primera recibe más tiempo para contestar, lo que a menudo obliga a pedir una prórroga y extiende innecesariamente los plazos para responder al ciudadano.

En otros casos se crean nuevos expedientes para enviar la solicitud a varias áreas simultáneamente, dándoles a todas el mismo plazo para responder. Sin embargo, en estas situaciones, los nuevos expedientes no fueron adjuntados, lo que impidió al equipo de auditoría verificar el avance de estos procesos.

La AGCBA encontró “diferencias en el conteo de días hábiles” realizado por el auditado en los plazos de respuesta a las solicitudes de información. Si bien la DGSOCAI explicó la razón de tales diferencias, el organismo de control recomendó “elaborar un procedimiento y/o circuito que permita dejar constancia de cómo se computan los plazos cuando parecen diferir de los establecidos en la normativa”.

Detalle de la información solicitada

En 2022, las personas particulares realizaron 3.638 solicitudes de acceso a la información pública, lo que representa el 79,8% del total. Los actores políticos hicieron 385 solicitudes (8,4%), las ONG presentaron 256 (5,6%), los periodistas 167 (3,6%), y otras organizaciones realizaron 109 solicitudes (2,3%).

En detalle, la mayoría de las solicitudes se dirigieron al Ministerio de Justicia y Seguridad (43%), seguido por la Jefatura de Gabinete (17%), el Ministerio de Educación (7%) y las comunas (6%).

Dentro de las observaciones realizadas por la AGCBA, el organismo de control mencionó que “no obra constancia de la fecha de solicitud de los interesados, ya sean vecinos o ONG, solo existe una carátula que indica el tema y el inicio del expediente”. 

Cómo pedir información pública

Existen dos vías habilitadas para solicitar acceso a la información pública: a través del portal web o de forma presencial, mediante un escrito en las mesas habilitadas.

La normativa indica que, para presentar solicitudes de manera presencial, solo se requiere el nombre, apellido y la dirección donde se desea recibir la notificación. Las peticiones pueden hacerse en la Comuna más cercana o en la Mesa de Ventanilla Única, ubicada en Uspallata 3160, Parque Patricios. Es importante mencionar que no es necesario tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder a información pública.

Sin embargo, el organismo de control porteño observó que los carteles diseñados por la DGSOCAI, ubicados en los puntos de atención de la ciudad, no mencionan la Mesa de Entradas de la Autoridad de Aplicación ni la de Ventanillas Únicas. 

Además, la auditoría constató que “no se habilitaron otras oficinas para recibir solicitudes en papel”. Por lo tanto, se recomendó que se incluya en los carteles la información sobre la Mesa de Entradas de la Autoridad de Aplicación y que se habiliten otras oficinas para recibir solicitudes en formato papel.

Para finalizar, la AGCBA señaló que la falta de metas físicas en el Programa Presupuestario dificultaba la evaluación de mejoras. Y recomendó llevar a cabo un seguimiento para verificar en un futuro si las observaciones fueron subsanadas.

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