La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) presentó la primera medición realizada con una nueva metodología de monitoreo, que actualiza y amplía el Índice de Transparencia Activa previo. La herramienta apunta a que la ciudadanía tenga datos relevantes sobre el funcionamiento de los organismos públicos y pueda seguir su gestión fácilmente.

El Índice de Transparencia de la AAIP es la herramienta empleada por la Agencia para evaluar el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información. "La actualización proviene de un proceso participativo realizado en 2023, donde se revisó la implementación inicial de la Ley 27.275", informó la Agencia en comunicación con El Auditor.info.

Entre los primeros puestos del Índice se encuentran la propia Agencia liderando el ranking con 97.5, en segundo lugar la Universidad Nacional de San Martín con 96.7; la Universidad Nacional de Lanús le sigue en el tercer puesto con 96, y el Ministerio de Salud con 95.4 en el cuarto puesto. Entre los últimos lugares y sin puntaje se encuentran YPF Gas A.S., Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

La AAIP resalta la ampliación de las variables de transparencia activa, que aumentaron de 8 a 13: misión y objetivos, servicios y trámites, autoridades y designaciones, plantilla de personal y organigrama, declaraciones juradas, escalas salariales, presupuesto, transferencias, compras, auditorías y evaluaciones, solicitudes de información, área de transparencia y participación ciudadana.

El nuevo Índice no solo evalúa si la información está disponible, sino también su calidad.

La inclusión de dimensiones relativas a la transparencia proactiva es otro aspecto novedoso del índice. Suman un total de siete y están orientadas a la publicación de la información sobre los resultados de las políticas públicas. Según la AAIP, la inclusión de estas variables responde a un pedido específico de organizaciones de la sociedad civil, quienes abogaron por mayor apertura en cuanto a los impactos de las políticas implementadas. Este enfoque proactivo busca ir más allá de las obligaciones tradicionales de transparencia, promoviendo una cultura de rendición de cuentas.

La AAIP aseguró que “el nuevo Índice no solo evalúa si la información está disponible, sino también su calidad, a través de criterios de completitud, actualización y disponibilidad”. Para ello, los organismos públicos deben garantizar que la información esté centralizada en una pestaña específica o en un portal de transparencia accesible desde sus sitios web. Este cambio responde a uno de los principales desafíos detectados durante el proceso de revisión, que señalaba la dispersión de la información en diversas secciones de los portales institucionales.

Uno de los puntos destacados por la AAIP es que la metodología del nuevo Índice permite la evaluación diferenciada de cada tipo de organismo. Mientras que los organismos centrales deben publicar información sobre sus políticas y resultados, las universidades nacionales tienen la obligación de transparentar su estructura de gobierno, y las empresas públicas deben reportar sobre su autonomía financiera. Esta adaptación responde a la necesidad de ajustar las mediciones a las particularidades de cada sector.

Participación ciudadana

El proceso de actualización del Índice fue producto de un trabajo de consulta participativa que incluyó a diversos actores clave, como académicos, organizaciones de la sociedad civil y responsables de acceso a la información. Durante las entrevistas, los participantes señalaron la importancia de mejorar la frecuencia de las mediciones y de incluir indicadores específicos de transparencia proactiva. Estas sugerencias fueron recogidas en la nueva versión del Índice, que ahora se aplica de manera más exhaustiva y detallada.

La AAIP también estableció un mecanismo de asistencia técnica para ayudar a los organismos a cumplir con sus obligaciones de transparencia. A través del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información, creado en 2024, cada organismo debe designar a un responsable de las políticas de transparencia, quien se encargará de coordinar con la AAIP y asegurar que la información esté correctamente publicada y actualizada. 

Además, este sistema facilita el acceso a capacitaciones y recursos para que los organismos adapten sus sitios web a los nuevos estándares.

Metodología de medición

En términos de medición, el Índice se calcula mediante la fórmula que pondera en un 90% la transparencia activa y en un 10% la transparencia proactiva. De esta manera, se busca reflejar de manera equilibrada el cumplimiento de las obligaciones legales y la publicación de información adicional que sea relevante para los ciudadanos. La AAIP destacó que esta ponderación “fue diseñada para dar mayor relevancia a los aspectos fundamentales de la transparencia, sin dejar de lado la importancia de la rendición de cuentas sobre los resultados.”

El monitoreo se realiza dos veces al año y abarca a más de 200 organismos públicos

El monitoreo se realiza dos veces al año y abarca a más de 200 organismos públicos, que se dividen en dos grupos para facilitar la evaluación semestral. La AAIP aclaró que “aquellos organismos con mayores niveles de incumplimiento recibirán notificaciones formales para corregir su situación, y en caso de ser necesario, se les brindará asistencia técnica”. Este enfoque busca garantizar que los organismos mejoren continuamente sus prácticas de transparencia.

Para la AAIP este nuevo índice “contribuye a fortalecer la democracia y a generar mayor confianza en las instituciones públicas, mediante una gestión más abierta y accesible".

Fallas advertidas por la Auditoría

En 2022, la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe sobre la gestión de la AAIP en el periodo 2018-2019. Desde el organismo observaron que no se desarrollaron ni implementaron herramientas para garantizar de forma efectiva el acceso a la información pública, la transparencia activa y la protección de datos personales.

Además, la AGN encontró solicitudes contestadas fuera de término y otras sin responder. Asimismo, señaló la falta de procedimientos sancionatorios y de investigaciones administrativas de oficio en los casos de demoras.