Pese a que la normativa vigente indica que toda acción dictada por el responsable de un organismo estatal debe ser difundida “en tiempo y forma” en el Boletín Oficial, hay por lo menos seis operaciones de crédito público y colocación de deuda llevadas a cabo durante 2012 que demoraron más de 200 días en ser dadas a conocer y recién trascendieron este año.

Se trata de préstamos y emisiones de letras en pesos y dólares apoyadas en resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, como las que investiga actualmente el fiscal federal Federico Delgado, por el supuesto desvío de fondos de la ANSES para realizar pagos a la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tras la denuncia de referentes de la oposición política.

Entre los acreedores aparecen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que administra justamente la ANSES-, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), el Banco Nación y la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Las operaciones llegan hasta los 2 mil millones de pesos y a los 1.378 millones de dólares.

Es el caso, por ejemplo, de tres colocaciones de letras, basadas en resoluciones conjuntas de Hacienda y Finanzas, con el mismo acreedor, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La primera norma fue dictada el 26 de septiembre de 2012, ascendió a 900 millones de pesos y se publicó en el Boletín Oficial recién el 2 de julio de este año, es decir, 279 días después.

La segunda data del 19 de octubre del año pasado, fue por 1.083 millones de pesos y llegó al Boletín Oficial 224 días después, el 31 de mayo de 2013.

Y la última norma se dictó el 28 de noviembre de 2012; se trató de una operación que ascendió a 835 millones de pesos, pero hubo que esperar 212 días para que tomara estado público, porque su difusión fue el 28 de junio pasado.

Asimismo, figura un préstamo del Banco Nación por 2.000 millones de pesos, también basado en resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, que data del 22 de noviembre del ejercicio anterior y que se publicó en el Boletín Oficial el 8 de julio de este año, unos 228 días después.

También existen otras operaciones con importantes atrasos, como una que demoró más de cinco meses (165 días) en llegar al Boletín Oficial desde que se tomó la decisión de emitir deuda.

Se trató de una colocación cuyo acreedor fue CAMMESA, por 1.800 millones de pesos. La norma fue dictada el 17 de diciembre del año pasado, pero se publicó el 31 de mayo.

En dólares

Por otra parte, hay dos colocaciones de letras en dólares que también superaron la barrera de 200 días hasta que tomaron estado público, a pesar de la normativa vigente en materia de difusión “en tiempo y forma”.

Las dos operaciones se llevaron adelante el mismo día, el 18 de octubre de 2012. En el primer caso, el acreedor fue ENARSA, y el monto ascendió a 21.642.247 de dólares; mientras que el segundo trepó hasta los 1.378.357.753 de moneda estadounidense.

No obstante, de esto recién se supo 253 días después de aquel 18 de octubre, es decir, el 28 de junio de este.

Circuito administrativo

Las operaciones de crédito público deben seguir un camino administrativo que comienza con la reunión de todas las condiciones y el dictado de una norma que regula las características financieras de la colocación, con el aditamento de determinados requisitos vinculados a los cupos de endeudamiento establecidos en la Ley de Presupuesto.

Dadas por cumplidas estas formalidades, las reglas vigentes establecen que toda norma dictada por un responsable de un área estatal debe tomar estado público inmediatamente a través de la publicación “en tiempo y forma” en el Boletín Oficial.

Estas operaciones se formalizan a través de normas de distinta jerarquía según sus características en cuanto a modificaciones de cupos presupuestarios. En los casos mencionados fueron dictadas en forma conjunta por los responsables de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas, y se correspondieron con operaciones de crédito público del ejercicio 2012, pero cuya difusión se verifica durante el transcurso de este año, más concretamente a comienzos de julio, recién más de ocho meses desde su gestación, según la fecha que consta en la norma.

Para estos casos, existen controles de cumplimiento de requisitos de formalidad, que tendientes a saber si se trata de operaciones que no contaban con las autorizaciones respectivas o bien la intervención de las áreas pertinentes, de tal manera de deslindar si sólo se trata de un error administrativo en la publicación en el Boletín Oficial.

En ese sentido, la Ley de Administración Financiera prevé la intervención de un organismo que realiza el control externo para controlar este tipo de situaciones: la Auditoría General de la Nación (AGN), y es precisamente con en el Informe de Auditoría de la Cuenta de Inversión 2012 que este organismo puede determinar si se cumplieron los procedimientos de rigor para este tipo de actos administrativos.

La Cuenta de Inversión 2012 es el Informe que elabora el Poder Ejecutivo para efectuar la Rendición de Cuentas del ejercicio. En este documento deberían estar incluidas las operaciones que demoraron más de 200 días en ser difundidas en el Boletín Oficial. Pero a su vez, la Cuenta de Inversión 2012, tampoco fue publicada en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, situación que según la normativa vigente debería encontrarse a disposición de la ciudadanía desde el 30 de junio de 2013.