Tras la crisis de finales de 2001 y la declaración del default, comenzó a gestarse en el país una nueva forma de financiación para los gastos del Estado, que consiste en pedirse dinero a sí mismo. La llamada deuda intrasector público nació en aquellos aciagos días de principios de 2002, con un préstamo que apenas superó los mil millones de dólares. Una década después, la metodología se profundizó y esa primera operación llegó a multiplicarse unas 16 veces, marcando un incremento de 1.548% hasta alcanzar los U$S 17.778 millones.

En rigor, el origen de la deuda intrasector público data del momento mismo en que la Argentina anuncia el diferimiento del pago de la Deuda Pública. Así nació un esquema de financiamiento, mediante los llamados Adelantos Transitorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La metodología figura en la propia Carta Orgánica del BCRA y lo habilita a entregar hasta una cantidad de dinero equivalente al 12% de la base monetaria del país, que está conformada por los billetes en circulación y los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central, tanto en cuentas corrientes como especiales.  

En 2002, el primer adelanto transitorio ascendió a 1.079 millones de dólares, lo que representaba sólo el 0,7 de la Deuda Pública total, que por entonces era de U$S 144.222 millones.

Se trató de un préstamo de corto plazo que debía ser devuelto tan sólo 12 meses después. Y así se hizo, pero la metodología no se agotó en una sola experiencia. Al contrario, a partir de entonces la Nación comenzó a repetir año tras año un movimiento contable mediante el cual, a cada vencimiento, devolvía el dinero prestado y simultáneamente solicitaba de nuevo el crédito por un monto mayor, cuyo límite también se encuentra normado en la Carta Orgánica del BCRA (ver Las modificaciones).

Fue por eso que, después de aquel comienzo incipiente, esos adelantos del BCRA se convirtieron en un componente permanente y positivo de incremento del stock de la deuda pública total.

En efecto, ya para 2012 los Adelantos Transitorios del Banco Central, aquellos U$S 17.778 millones, representaron aproximadamente un 9% de la Deuda Pública Total.

La punta del iceberg

La semana pasada, este medio detalló a cuánto asciende en total la deuda intrasector público, es decir cuánto dinero se debe el Estado a sí mismo.

Así se supo, por ejemplo, que de la Deuda Pública total, que en diciembre del año pasado ascendía a U$S 197.464 millones según el Ministerio de Economía, un 58,1% correspondió a los préstamos realizados puertas adentro del Estado, es decir, unos U$S 114.767 millones.

En rigor, los Adelantos Transitorios del Banco Central representan el 15% de la deuda intrasector público.

El 85% restante, es decir, unos U$S 96.989 millones -contados hasta a fines de 2012-, tiene su origen en otras fuentes de financiamiento interna, entre ellas los fondos “excedentes” del ANSES, los préstamos del Banco Nación y también otros mecanismos del mismo BCRA, principalmente la colocación de Letras Intransferibles en compensación por el uso de Reservas.

Las modificaciones

Además de los adelantos que puede entregarle el Banco Central a la Administración nacional, su propia Carta Orgánica lo habilita a prestar una cantidad de dinero que no supere el diez 10% de los recursos en efectivo que el Estado haya obtenido en el último año. Sin embargo, anteriormente estos adicionales debían tener como asignación específica el pago de obligaciones con organismos multilaterales de crédito y de obligaciones en moneda extranjera.

No obstante, el 28 de marzo de 2012 hubo una modificación a la Carta Orgánica del BCRA. Con el cambio, se mantuvo la posibilidad de otorgar adelantos hasta los mismos topes pero se dispuso que, además y con “carácter excepcional”, se pueda entregar adicionales por hasta otro 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno Nacional en el último ejercicio, un monto que debe devolverse a los 18 meses.

La particularidad de la reforma, es que se eliminó el requisito de asignación específica de los recursos, por lo que la totalidad de los “adelantos transitorios” pasaron a ser destinados para la finalidad que decida el Gobierno nacional.

Esa asignación específica que había sido eliminada, fue reemplazada por el ya conocido uso de las reservas de libre disponibilidad, para pagar obligaciones con organismos multilaterales de crédito.