Entre las 40 medidas pos transparencia aprobadas por el gobierno de España en Consejo de Ministros, se encuentra, en primer lugar, el control de la actividad económica de los partidos políticos. Además, se regula el ejercicio de la función pública y se estableció una reforma penal contra la corrupción.

En cuanto a los fondos de los partidos, se regulará la figura del responsable de la gestión de los partidos y la presentación anual de la rendición de cuentas ante el Parlamento, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos y la obligación de que esa rendición de cuentas esté en un registro público.

Otra de las iniciativas tiene como objetivo difundir los derechos y obligaciones de quienes ejerzan en puestos públicos. Entre otras medidas, se prohibirá el uso en las administraciones públicas de las tarjetas de crédito y deberá haber una justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo. "Había una dispersión normativa absoluta” sobre las obligaciones de los cargos públicos, aseguró Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta de España.

La iniciativa aprobada el viernes 20 de septiembre, también promueve una inscripción obligatoria en el Registro de Partidos de las fundaciones y asociaciones con las que cada partido político se encuentra vinculado.

Asimismo, según las fuentes del periódico español El País, se hará una retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan y se fomentará la publicidad de las mismas.

Ahora bien, ¿qué se establece en la reforma del Código Penal? La misma endurece los tipos de delitos relacionados con la corrupción, entre los que se incluye un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos. "Lo importante es fijar quién es el que ha cometido el delito de financiación ilegal de los partidos", sostuvo la Sáenz de Santamaría.