El banco del Vaticano con ley de transparencia, vigilancia e información financiera
Se trata de la ley XVIII que entró en vigencia en agosto de este año por instrucción personal del Papa Francisco. El Vaticano adaptó su legislación a las exigencias de los organismos internacionales del control y, por primera vez en su historia, hizo público un balance anual. La nueva ley consolida la disciplina existente en materia de prevención y de lucha contra el lavado del dinero y financiación del terrorismo, entre otros.
La comisión pontifical para el Estado de la Ciudad del Vaticano adoptó el 8 de agosto la ley XVIII que se aplica a todos los servicios del gobierno central de la Iglesia y confirma las disposiciones impulsadas por el Papa Francisco. Según el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, se llegó “al 90% del trabajo normativo” en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Gracias a la disposición impulsada por el Papa Francisco, la semana pasada, por primera vez en su historia, el banco del Vaticano hizo público un balance anual, el del 2012, que alcanzó un monto total de € 86,6 millones (de euros). De ese dinero, según el Instituto para las Obras de Religión (IOR), € 54,7 millones irán a las arcas de la Iglesia.
El portavoz del Vaticano aseguró que “con esta ley se cubre al 99% los estándares europeos” en materia de rendición de cuentas y transparencia. De lo que se trata, sobre todo, es de otorgar poderes reales a la Autoridad de Información Financiera (AIF) para que examine no solo las operaciones del banco del Vaticano, cuyo nombre oficial es Instituto para las Obras de Religión (IOR), sino también la de todos los organismos de la Santa Sede que tengan contacto con el dinero.
Según el diario El País, “no hay que olvidar que el año pasado un informe del comité europeo contra el lavado de dinero advirtió que, pese a las instrucciones dadas por Benedicto XVI en pos de la transparencia, aún había mucho que hacer”.
El artículo del País además sostiene que la nueva ley consolida la disciplina existente en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero; financiación del terrorismo; vigilancia y reglamentación de las entidades que llevan a cabo una actividad de naturaleza financiera y colaboración e intercambio de información con la Autoridad de Información Financiera a nivel interno e internacional.
"Deseo renovar el compromiso de la Santa Sede en adoptar los principios y ejecutar los instrumentos jurídicos desarrollados por la comunidad internacional, adecuar aún más el orden institucional para la prevención y la lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", sostuvo Francisco en su "Motu Proprio" o documento pontificio del pasado 8 de agosto.
