Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes y a recibir los apoyos que sean necesarios para aprender y participar. Sin embargo, un informe reciente realizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Unesco reveló que existe una importante brecha en el acceso a la educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. 

“Pese a una creciente visibilidad, todavía hoy la educación inclusiva suele considerarse una propuesta compleja o difícil de abordar”, sostienen Sergio Meresman y Cynthia Brizuela, autor y autora de “Reconstruir la educación, no las barreras”. En el trabajo señalan que muchas situaciones de discriminación en la infancia con discapacidad son todavía naturalizadas y que es urgente reconstruir la educación. 

La formación y experiencias que los niños y niñas vivan en la escuela marcarán para siempre su historia. Si los equipos docentes, las escuelas y el sistema educativo en general están preparados para brindar una educación inclusiva de calidad, el futuro les presentará muchas más oportunidades. Y esto se refleja en todas las instituciones educativas ya sean públicas o privadas, regulares o de educación especial. 

Si alguna institución educativa rechaza la admisión de una persona con discapacidad debe ser denunciada ya que es considerado un acto de discriminación.
Si alguna institución educativa rechaza la admisión de una persona con discapacidad debe ser denunciada ya que es considerado un acto de discriminación.

Mediante la Ley 26378, aprobada en 2008, Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga al Estado a tener un sistema de educación inclusivo. Si alguna institución educativa rechaza la admisión de una persona con discapacidad debe ser denunciada ya que es considerado un acto de discriminación.

”La educación inclusiva ya está pasando en muchas escuelas de nuestra región. Hay experiencias prometedoras a nivel de las adaptaciones curriculares, de las prácticas docentes, de la participación de las familias y la reconversión de recursos ‘especiales’ en apoyo a las escuelas comunes. Lo complejo tiene que ver con que no se puede simplificar y creer que solo con un decreto o con una capacitación se van a lograr resultados transformadores. Es necesario trabajar de manera integrada y con una visión a largo plazo, porque son procesos de cambio que involucran muchos elementos objetivos y subjetivos, que tienen que ser sostenidos y acompañados”, indicaron los autores a El Auditor.info.

La responsabilidad del Estado

La Resolución 311/2016 del Consejo Federal de Educación obliga a las escuelas a identificar las barreras que alumnos y alumnas encuentran para aprender. Las instituciones deben dar los apoyos necesarios para que los niños y niñas aprendan, tener propuestas específicas de enseñanza y contar con un Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI).

“El Estado tiene una responsabilidad fundamental porque tiene los recursos que cada
sociedad ha puesto allí para resolver sus desafíos y mejorar”, aseguran Meresman y Brizuela. Para los investigadores es necesario reorganizar los recursos y las oportunidades con una nueva mirada “basada en la inclusión y la diversidad”.

“Cuando los equipos docentes y las escuelas se preparan para incluir, se benefician todas y todos, no solamente los niños con discapacidad. Esa preparación, que es imprescindible, debe ser asegurada y facilitada por el Estado, en colaboración con todos los actores sociales”, afirman.

Según datos del Ministerio de Educación, correspondientes al 2019, un 43,7% de las y los estudiantes con discapacidad estuvieron segregados en escuelas especiales en el país. De ellos, el 65,3% presentó discapacidad intelectual. Mientras que un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analiza que si bien el porcentaje de estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes aumentó, en el año 2019  la proporción de personas con discapacidad en relación a la matrícula total de escuela común en todos los niveles no superó el 1,31%. La proporción más baja de alumnas/os con discapacidad se encuentra en el nivel secundario: para el 2019 tan solo representaron el 0,97% del alumnado. 

Aprender como todos

Aún persiste una creencia sobre que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad debido a que la educación inclusiva no es posible de llevar adelante. Además de prejuicios como que la educación inclusiva deteriora la calidad de la escuela común o que hará desaparecer la educación especial.

En este sentido, los autores del informe consideran que suelen haber bajas expectativas sobre los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y que la manera de revertir esta situación es mediante un cambio en los comportamientos sociales y el ambiente cultural que es donde se construye ese ‘techo de cristal’ que limita las expectativas. 

“Esto atañe a las familias, las escuelas y a las propias personas. Necesitamos ofrecer a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad la oportunidad de desarrollar habilidades para la inclusión. Pero también intervenir sobre toda la comunidad para que cambie su mirada”, indican los autores quienes aseguran que es la manera de que reciban un trato que no solo los acepte, sino que les diga que tienen los mismos derechos y oportunidades que los demás.