Publicado: 14-08-2011
  
Entrevista con Leandro Despouy

El titular de la Auditoría General de La Nación cuestiona la negligencia del Gobierno en materia de control de su propia administración y desconfía de las intenciones oficiales en materia de rendición de cuentas y transparencia: "Este es un gobierno con vocación por la oscuridad", dice.

Probablemente sea una de las tantas cosas que en otras partes del mundo podrían hacer tambalear a un gobierno, pero que en nuestro país forman parte del paisaje político cotidiano: hay un organismo que asiste al Congreso de la Nación en el control de las cuentas públicas, como la Auditoría General de la Nación (AGN), al que el propio Estado le niega la información necesaria para cumplir con su tarea, hasta tal punto que la Justicia debió intervenir para quebrar esa insólita negativa.

Leandro Despouy, titular de la AGN desde marzo de 2002, tiene una visión poco benévola de las verdaderas intenciones oficiales en materia de rendición de cuentas y de lucha por la transparencia de las decisiones oficiales: "Este es un gobierno con vocación por la oscuridad", advierte a Enfoques.

Para este abogado y diplomático, la desidia con que el kirchnerismo ha manejado (o desmanejado, en realidad) los organismos de control, en muchos casos transformándolos en escribanías del Poder Ejecutivo, termina teniendo el efecto de un boomerang: "El control tiene una función de resguardo del propio administrador, para saber dónde están las desviaciones, para poder establecer correcciones. El que no se sirve de esa herramienta que son los organismos de control puede cometer actos temerarios y le puede pasar lo que sucede con muchos funcionarios que terminan innecesariamente en los tribunales de Comodoro Py".

Despouy tiene 64 años, nació en San Luis, cuenta con una reconocida militancia en el radicalismo y tiene mucha experiencia en derechos humanos: fue abogado defensor de presos y perseguidos políticos, por lo cual tuvo que exiliarse, y entre 2001 y 2002 fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1984, desde su función de embajador extraordinario y plenipotenciario, hizo gestiones para facilitar la concurrencia de personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Entre 2003 y 2009, además, actuó como relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados.

Llegó a presidir la AGN en marzo 2002 propuesto por el radicalismo (el artículo 85 de la Constitución establece que ese cargo es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de bancas en el Poder Legislativo), pero seguramente no imaginó por entonces que su tarea iba a ser tan complicada.

En estas últimas semanas, por ejemplo, la AGN comenzó a auditar las cuentas del programa de viviendas Sueños Compartidos, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por un pedido de la comisión Mixta Revisora de Cuentas que funciona en el Congreso y no por iniciativa del Gobierno. Y ya intuye que también aquí habrá reticencia del Gobierno a entregarle información para determinar qué se hizo con esos 765 millones de pesos que el Estado entregó para construir casas y que pasaron por las manos de Sergio Schoklender.

"Nunca fuimos advertidos de la existencia de una situación así -afirma Despouy-. Hemos auditado las transferencias del Plan Federal de Viviendas y tenemos observaciones acerca de la debilidad de control, sobre todo en la parte de ejecución local, la ausencia de mecanismos rigurosos, de asentamiento. En general, lo que verificamos es que en todo lo que se refiere a subsidios o este tipo de transferencias hay una falta de rendición de cuentas. Pero en este tema de Sueños Compartidos ni la Oficina Anticorrupción, ni la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ni la Unidad de Información Financiera (UIF) ni las provincias nos hicieron un pedido que podría habernos servido de advertencia."

-La sensación es que ustedes llegaron muy tarde para auditar esas cuentas...

-Nosotros realizamos auditorías ex post, es decir, posteriores. No controlamos antes. Pero no es cierto que no existan mecanismos de control. Existen, pero el asunto está en ejercerlo. Esta modalidad de ejecución presupuestaria de grandes sumas va a municipios, provincias o privados a través de cooperativas, fundaciones, etcétera. Pero no hubo ninguna señal de alerta en estos organismos ni en las unidades de auditoría interna de los distintos ministerios que participan de estas transferencias, ni en la UIF o en la Sigen.

-¿Le parece que en este caso se ejerció una suerte de protección especial sobre Hebe de Bonafini y las Madres o forma parte de algo que es habitual en este gobierno?

-No hemos podido detectar, y esto será el fruto de una evaluación más profunda, si en este caso hubo particularmente un comportamiento todavía mucho más liberal del Estado Nacional en la entrega de esos fondos. Pero esta es una administración para la cual los sectores que hacemos mayores observaciones somos los que tenemos mayores dificultades, que se expresa deliberadamente en la negativa a entregar información. La instrucción que le dan a la Sigen para que no publique más lo que ve tiene un enorme impacto en la transparencia y marca emblemáticamente la vocación por la oscuridad de este gobierno.

-Una pregunta ingenua: ¿cuál es el beneficio de sostener esa vocación por la oscuridad?

-No sé, pero sí sé que esta situación daña mucho la imagen, la representatividad, la reputación de nuestra democracia. La transparencia es un pasaporte de presentación ante el mundo. Ya no es un requisito más o una especie de virtud gubernamental, es una necesidad. No ejercerla acarrea una serie de consecuencias. El problema es que se parte de una noción equivocada de lo que es el control. El control tiene una función de resguardo del propio administrador, que necesita que se haga un balance para saber dónde están las desviaciones, para poder establecer correcciones. Si no lo hace, corre el serio riesgo de comprometer su propio desempeño. El control está pensado, esencialmente, en función de quien tiene una responsabilidad y, sobre todo, de quien tiene el manejo de los fondos públicos. El que no lo hace, el que no se sirve de esa herramienta puede llegar a cometer actos temerarios y le puede pasar lo que sucede con muchos funcionarios que terminan innecesariamente en los tribunales de Comodoro Py. No digo que todos los que pasen por ahí son responsables, pero toda persona que ejerce una función de gobierno, si quiere evitarse ese mal rato, tiene un instrumento, que es servirse de los mecanismos de control y, al mismo tiempo, ser transparente ante los organismos de control. Pero todo se desvirtúa cuando el control se transforma en una disputa en donde hay que pedir la información, hay que reiterarla, hay que pelearla y después hay dificultades para publicarla o el propio Poder Ejecutivo no la publica...

-¿No es una actitud suicida de un gobierno no asumir el control de las cuentas públicas como una práctica permanente?

-Entenderlo de esta manera va a ayudar muchísimo a este gobierno y al futuro gobierno. Ya en 2002 se debatía si se creaba un gran órgano regulador y de control para que el Estado tuviera una mirada independiente. El propio Julio De Vido contrató en su momento técnicos y profesionales de Flacso para realizar un estudio sobre esto. Todo esto fue quedando con el tiempo y hoy tenemos una situación en donde los órganos de regulación y de control están intervenidos o de alguna manera no cumplen con la propia reglamentación al transformarse en apéndices del propio Poder Ejecutivo. La AGN tiene una existencia constitucional desde 1994, pero sigue regulada por una ley sancionada un año antes y que tiene una concepción del funcionamiento distinta de la que la propia Constitución ha establecido. La Constitución le da un marco universal de funcionamiento, muchísimo más amplio que el de la propia ley. No puede ser que para pedir información tengamos que esperar un año. Cuando encontramos irregularidades tendríamos que tener facultades para ir a la Justicia.

-Siempre fue así, pero me imagino que a ustedes también los afectan algunos jueces que funcionan de masiado en sintonía con los intereses del Poder Ejecutivo.

-A nosotros nos perjudica mucho que no podamos ser querellantes ni parte y eso, cuando se discutió en su momento, que fue durante un proceso rabioso de privatizaciones, de desregulación, se hizo expresamente para que nosotros no pudiéramos activar ninguna causa ante la Justicia, pero eso se paga muy caro.

-¿Desconfía de los jueces?

-Todavía quedan reminiscencias de jueces susceptibles a la presión política. Es una realidad. Justamente no se pudo producir una renovación porque es importante que se complete el Poder Judicial para poder encontrar jueces independientes. La gente percibe que mientras los funcionarios están en ejercicio no se los convoca a declarar, aun cuando hay denuncias firmadas, y que, por el contrario, cuando el funcionario pierde su puesto, automáticamente se le produce una convocatoria. Si a Ricardo Jaime la Justicia lo hubiera convocado cuando el Parlamento llevó como denuncia nuestro informe de auditoría sobre las irregularidades en el acuerdo interempresarial de Southern Winds, seguramente habría determinado que su comportamiento tenía que haber sido mucho más riguroso y apegado a la ley. Como nunca lo convocaron, muy probablemente pensó que nunca tendría que ir, que los pasillos de Comodoro Py no estaban reservados para él. Y se equivocó. No se equivocaba mientras era funcionario, pero sí cuando pensó que no dejaría de serlo.

-Usted escribió sobre la independencia judicial. En la Argentina, parece casi una obra enrolada en la ciencia ficción...

(Risas.)

-He escrito mucho sobre independencia judicial y he evaluado, sobre todo, el poder judicial que dejó el menemismo, donde se presentan dos grandes debilidades: una enorme convivencia con la política y una marcada ineficacia para el combate de la corrupción. Después hemos analizado críticamente las formas que la Constitución previó para corregir estas desviaciones, como el Consejo de la Magistratura, que nace con la función esencial de seleccionar quiénes pueden ser jueces para evitar que el poder político designe a personas que no están en condiciones de serlo. Pero desgraciadamente se transformó en un campo de batalla que no le sirvió a nadie. Y por eso es que la principal dificultad que presenta el Poder Judicial es la ausencia de jueces. Se incurrió en una perversión, que fue el juez provisorio; y en eso hay una gran similitud con el sistema de Venezuela.

-Donde, como se sabe, suelen ser más permeables a la influencia del poder político.

-Hay jueces a los que hace ocho años los tienen como subrogantes, y son excelentes. Es un tema un poco difícil. Si hay jueces que han sobrevivido durante ocho años y no los nombran en forma definitiva, es la mejor prueba de que no responden al Gobierno, porque si no ya los hubieran designado.

-¿Hay una especie de anestesia social al fenómeno de la corrupción? Al menos, no aparece entre las principales preocupaciones de los argentinos en varias encuestas.

-El argentino es, culturalmente, un individuo con altísimos niveles de tolerancia hacia la corrupción. Cualquier otro país tendría reacciones muy distintas. Es impensable el comportamiento frente a los bienes públicos que puede haber en Chile, por ejemplo. Todas las encuestas internacionales muestran la percepción que tiene cada uno de los pueblos sobre las cuestiones vinculadas a la corrupción, y la Argentina es uno de los países que aparece con mayor nivel de tolerancia y aceptabilidad, casi como una cuestión vinculada a su propio comportamiento. A veces uno se encuentra con esta afirmación de que "roba pero hace", tan grave como el hecho de que el monopolio del control o todo el negocio público está en manos del que gobierna. Pero descuidamos el hecho de que desde el control se puede cumplir una función pedagógica muy interesante...

-¿Por ejemplo?

-El tema de ferrocarriles. Decimos que se roba con los subsidios del transporte, pero es muy distinta la reacción de la ciudadanía cuando usted hace un informe de auditoría y muestra que lo que la gente vive día a día es lo que ellos padecen, que viajar es un acto de inseguridad, casi temerario; que el descuido, el destrato, forman parte del estilo. Y cuando uno pasa otro tramo, que es mostrar el incumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de todas las obligaciones de seguridad, de todas las obligaciones vinculadas a la accesibilidad; cuando usted después muestra que, además, el Estado gasta y gasta sumas importantísimas y, sin embargo, no se mejora la calidad, ni la seguridad, ni el transporte; cuando usted ha podido mostrar todo esto, ahí encuentra en la gente casi una actitud de comprensión de que la corrupción tiene que ver con ellos, que los daña, que la corrupción no es solamente un funcionario que se hace rico, o un funcionario que compra aviones, sino que es un daño directo a la gente. Y por eso es importante la pedagogía del control. Así como un juicio a un gran genocida tiene valor pedagógico porque las sociedades futuras entienden, el control tiene una función educadora increíble y reedificante de la moral colectiva. Ese es, probablemente, el secreto más edificante de mi experiencia de estos diez años.