Tierra del Fuego.- Elisa Dietrich, dirigente de APOC, gremio que nuclea al personal de los organismos de control, vinculó el recorte presupuestario al Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas con las actuaciones y la sentencia contraria al convenio chino. No es el primer sindicato que plantea una suerte de "represalia" de parte del gobierno y legisladores que respaldaban el proyecto de inversión. 

Aseguró que la merma de ingresos limita la posibilidad de control mientras que se prevé un aumento para el sueldo de la gobernadora, y por extensión de funcionarios y legisladores.

En declaraciones a FM del Sur, la dirigente de la Asociación del Personal de Organismos de Control -APOC- negó que sea cierta la información dada a conocer desde el gobierno, sobre el aumento de "sólo" 450 pesos al escalafón seco, como también que esto no impacte en un aumento de la dieta de la gobernadora, funcionarios y legisladores que cobran un porcentaje de ese sueldo.

"No es exacta la información de que serían solamente 450 pesos lo que implica el aumento. No es así, la ley 288 ratifica la aplicación de la zona a todos los haberes remunerativos sujetos a aportes. Le corresponde a estos 450 pesos y, si esto no se aplica, estarían vulnerando la ley 288", afirmó.

La gobernadora ya desconoció la ley que fija la zona para todos los trabajadores del Estado con la creación del EPU -el escalafón profesional único-, y ahora según declaraciones de los funcionarios no la aplicaría para el incremento otorgado mediante el decreto 90.

Según Dietrich "merece un análisis toda la escala actual en función de esto mismo que estoy diciendo, de cómo debe aplicarse la ley 288, que habla de que se debe aplicar la zona a todos los haberes sujetos a aportes", reiteró.

Consideró la situación enmarcada en derechos pluriindividuales, y que en caso de que los trabajadores del escalafón seco encuentren en sus recibos que en lugar de 900 pesos se le pagan 450 "tendrán que incluir en forma personal primero el reclamo administrativo y después el reclamo judicial que corresponda para la revisión de esa liquidación".

Aumento para Ríos

Aunque se negó desde las esferas oficiales, el aumento abarcará a la gobernadora y funcionarios, además de los legisladores, en un porcentaje mayor a partir del cambio de la fórmula de cálculo. "La ley 805 de presupuesto establece que el haber de la gobernadora equivale a siete haberes de la escala de mayor cobertura de vacantes de la administración central, lo cual equivaldría a la categoría 10, y que se va a actualizar a través de un incremento general. Este decreto que está estableciendo un incremento general para el escalafón seco hace que inmediatamente desde el momento que se elevan los salarios de los trabajadores de la escala que toma la referencia para calcular su nuevo haber, por lógica también se incrementa el sueldo de la gobernadora. O sea que a partir del 1 de enero entra en vigencia este decreto y el salario de la gobernadora ya no son quince mil pesos sino el haber que se determine en función de la escala", sostuvo la dirigente.

Si bien el secretario Ravaglia negó este salariazo para Ríos y compañía, Dietrich contrapuso que "la ley no puede interpretarse al libre albedrío: la ley se establece por algo y dice taxativamente que el haber de la gobernadora será establecido en siete sueldos de la escala que tenga mayor cantidad de personal ocupado y que sufra un incremento general. El decreto 90 está estableciendo un incremento y, si esto afecta la escala, por supuesto que afecta el salario del gobernador. Que no lo quiera aplicar o decidan una cuestión distinta, corre por cuenta de la decisión política que tomen", observó.

Las "represalias"

Por otra parte fue consultada sobre la reducción de más del treinta por ciento del presupuesto del Tribunal de Cuentas y cómo afecta al personal. Informó que con la reincorporación de trabajadores que estaban de vacaciones estaba prevista una asamblea para ayer, a fin de analizar esta situación. No obstante adelantó que "esta reducción abrupta que ha tenido el TCP fue totalmente inconsulta y sin analizar cuál es la política de gestión que tenía prevista, el personal a incorporar, también responder a concursos que estaban iniciados. Realmente es una intromisión a la gestión que debe ser analizada por los trabajadores y se tomarán las decisiones que se resuelvan en asamblea".

Hecha la observación de que para el dirigente de la UEJN Luis Bechis, el recorte obedece a una represalia por el fallo del convenio chino, Dietrich compartió la postura. Dijo coincidir con el representante de los trabajadores judiciales en que "esto se produjo a días de salir la sentencia y parte del sostenimiento de la sentencia fue la tarea realizada por el Tribunal de Cuentas. Son de alguna manera los dos organismos responsables de este fallo y de forma arbitraria e inconsulta se practicó la reducción del presupuesto, solamente para estos dos organismos", remarcó.

Con respecto a la reducción para la Fiscalía de Estado, la consideró "ínfima" y contempló que "en el caso de que se produzca un incremento en el salario de la gobernadora, los salarios de la Fiscalía también se incrementan".

Consultada sobre una presunta intencionalidad del gobierno y los legisladores en la aprobación de esta ley con la reducción para el organismo, respondió que "tendrán que responder en su momento" y agregó que "lo cierto es que hay un hecho, el daño está hecho y tendrán que enfrentarse a evaluar la situación y buscar la forma de subsanarlo, porque no se le puede impedir al tribunal de cuentas que realice su gestión de control como debe hacerlo, con el personal que debe incorporar a la institución como estaba previsto, y respetar la recomposición salarial que ya estaba comprometida".

Tal como lo sostuvieron los vocales en resolución plenaria, para la dirigente el recorte afecta la acción de control: "Con toda seguridad que cualquier limitación en el presupuesto del organismo limita la posibilidad de desarrollarse. Estaban previstas acciones de capacitación importantes para controlar recursos hidrocarburíferas, y eso quedó anulado en función de que no va a haber presupuesto para llevarlo adelante", citó como ejemplo.

La situación ya fue conversada con los vocales del TCP, quienes "también manifiestan el mismo estupor que hemos tenido nosotros", aseveró, agregando que "nunca se había dado en la historia del TCP una decisión inconsulta y unilateral como esta, que le pone freno a la institución para poder ejercer su función".

Finalmente apuntó que el monto que se sacó al Tribunal y la Justicia "pasó a engrosar las arcas de la administración central, algo que no resiste el menor análisis".