Publicado: 22-01-2012

Mendoza.- Nació por ley en 2004 y hasta recibió modificaciones en 2007, pero lo cierto es que por diversas razones jamás entró en vigencia a pesar de su constante utilidad.

No es raro encontrar leyes que no se cumplen. Uno de los casos llamativos es el incumplimiento en la creación del Ente Provincial Regulador del Transporte Público de Pasajeros, que fue ordenada en dos leyes provinciales, la 7.200 del año 2004 y la 7.412 de 2007. El control de los servicios que ofrecen las empresas de colectivos siempre está en discusión, existe la ley, incluso hay un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el ente regulador, pero nadie se hace cargo y ni siquiera se han tomado el trabajo de derogarlo.

La ley que duerme en la Legislatura fue remitida al inicio de la gestión de Celso Jaque y lleva la rúbrica del actual gobernador Francisco Pérez. Se trata de un proyecto que modifica algunos aspectos observados por un dictamen de la Asesoría de Gobierno, en el que se entiende que la ley sancionada en la época de Julio Cobos tenía algunos problemas de aplicación, pero más allá de estas observaciones, el tema es que han pasado casi ocho años, dos gestiones completas de gobierno y el ente aún no puede ver la luz.

La historia se remonta a abril de 2004, cuando Cobos lograba la sanción de la polémica ley 7.200, en la que se ratificaba el estado de emergencia en la prestación de servicios públicos de pasajeros. Esa norma fue la que autorizaba al gobierno la compra de colectivos que fue cuestionada y por la que algunos protagonistas de aquel entonces fueron puestos bajo la lupa judicial.

En el inciso D del artículo 3 de esa ley se establecía la creación del Ente Provincial Regulador del Transporte, conocido por la sigla Epret.

Recién en agosto de 2005 se sancionó una norma más específica referida al marco regulatorio del sistema de transporte de pasajeros, la 7.412. En el título II del texto se empieza a hablar del Ente Provincial Regulador del Transporte de Pasajeros y la impronunciable sigla es Eprtp.

Cuando esta norma llegó al Ejecutivo para su promulgación y reglamentación, desde la Asesoría de Gobierno se emitió un dictamen lapidario sobre el texto, al punto de aconsejar el veto de la norma en cuestión.

Cobos no vetó e incluso promulgó el decreto reglamentario 162 de 2007, por lo que la norma está vigente al día de la fecha. Pareciera que los problemas planteados en el dictamen hicieron flaquear las decisiones.

Según el letrado de la Asesoría de Gobierno que dictaminó, el ex director de Vías y Medios de Transporte Francisco Losada, el ente tendría razón de ser en tanto sus funciones no se superpongan con las de la flamante Secretaría de Transporte. "La función del ente debe ser controlar el servicio pero, por ejemplo, no debería ser la de fijar el precio del boleto, que siempre debe ser atribución del Poder Ejecutivo". De acuerdo a la visión de Losada, el ente debería ser un organismo chico, que incluya a organizaciones que defiendan los intereses de los usuarios.

"Creo que no hay voluntad política para crear el ente. Cuando yo me fui, dejamos concursados los directores que iban a conducirlo. Después, no sé qué pasó", dice la directora de Transporte de Julio Cobos, Patricia Gutiérrez.

En coincidencia con lo que señala Losada, también cree que las funciones de planificación y de control del servicio deben estar separados. "Cuando asumí tenía seis inspectores, llegué a tener 20 y hay que controlar a los contratados, taxis y remises, servicios de línea. No hay forma de hacerlo con esa cantidad de gente. Sin recursos no funcionará el ente, como tampoco funcionaba el área cuando estaba yo", dice la actual diputada.

Los Andes intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Transporte Diego Martínez Palau y no hubo respuesta.