La discusión entre el gobierno nacional y el grupo Marsans por la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral atraviesa un nuevo frente de tormenta que augura un aterrizaje forzoso.

Por un lado, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones aprobó ayer un dictamen en el que rechazó la valuación de las compañías aéreas realizada por el Banco Credit Suisse a pedido de Marsans y, en cambio, aceptó la del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esta última valuación es negativa en 832 millones de dólares, por lo que la Comisión solicitó al Poder Ejecutivo la expropiación de las empresas aéreas al grupo español.

Por otro lado, la Auditoría General de la Nación (AGN) echó más leña al fuego. Tras analizar los balances de todo 2007 y hasta el 18 de julio de 2008 (fecha en que se firmó el acta acuerdo entre el Gobierno y Aerolíneas), el citado órgano de control informó un patrimonio neto negativo de 2190 millones de pesos: 1891 millones en Aerolíneas y 299 millones en Austral. Destacó, asimismo, que "se agravará considerablemente la situación de progresivo deterioro económico financiero de estas líneas aéreas".

La última asamblea de accionistas por las pérdidas de la empresa terminó sin acuerdo. Marsans propuso una capitalización de 100 millones de pesos para cubrir el patrimonio neto negativo de 81 millones que la empresa tenía al 31 de diciembre de 2007. Pero los directores en representación del Estado propusieron un reintegro de capital para paliar un monto significativamente mayor, de 2190 millones de pesos, según la AGN. Tal pretensión fue rechazada por los españoles. También hubo acusaciones recíprocas, impugnaciones y comunicados que provocaron un desgaste adicional en la difícil y compleja negociación entre el gobierno argentino y Marsans.

El acuerdo entre las partes parece cada vez más lejano. Frente a eso, los legisladores del oficialismo recomendarían la expropiación de ambas empresas aéreas.

Las autoridades del grupo Marsans ya suponen que será así y preparan sus reclamos ante la justicia nacional e internacional, más concretamente ante el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El conflicto se acentúa, los plazos se acortan y el Estado argentino seguiría aportando fondos suficientes, varias veces millonarios, para que ambas compañías puedan seguir operando.

Ante esta situación, cabe volver a preguntarse si la solución que propone el oficialismo, consistente en reestatizar estas compañías aéreas fuertemente endeudadas, es la más conveniente para el país. El Estado nacional ha perdido ya demasiado dinero para mantener dos empresas que parecerían inviables y podría perder mucho más en los próximos años. Tal vez haya llegado el momento de abandonar la seducción por las alternativas demagógicas y populistas para pensar en otras más serias y menos costosas.