Un informe de avance de la Auditoría General de la Nación (AGN) concluye que Aerolíneas Argentinas debe afrontar aproximadamente 1800 juicios de distinta magnitud. Y, pese a que la empresa registró hasta julio de 2008 $ 99 millones para afrontar las demandas, “en muchos casos los importes pretendidos superan los seis dígitos”, es decir que varios querellantes reclaman millones de pesos.

La administración del área judicial de Aerolíneas está descentralizada entre la casa matriz y las sucursales, con distintos asesores legales externos. Asimismo, la información recibida “no es consolidada en casa central”. Por eso, el organismo de control aún no terminó su auditoría de este sector y es probable que tanto la cantidad de juicios que figuran en el informe, como el dinero necesario para costearlos, no sean los definitivos.

El trabajo de la AGN es del 10 de noviembre de este año y corresponde a la primera de las tres etapas en que está dividida su intervención, establecida en la Ley 26.412 que dispuso el rescate accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral el 18 de septiembre.

Como punto saliente de su informe, la Auditoría destaca que “la situación de progresivo deterioro económico-financiero (de las empresas), las llevó a presentar patrimonios netos negativos” que, en conjunto, ascienden a un total de -$2.190 millones.

Pese a que los estados contables hasta el 17 de julio de este año arrojaron para Aerolíneas un patrimonio neto negativo de $ 754 millones y de $ 140 millones para Austral, el nuevo total surgió de los ajustes preliminares que se hicieron sobre los patrimonios de las líneas, que llegaron a una reducción de $ 1.296 millones. 

“La evolución de los principales indicadores refleja el deterioro de todas las variables de las empresas”, dice la AGN y puntualiza el alto nivel de endeudamiento, la falta de financiación propia, de liquidez y, especialmente, de capital de trabajo para poder hacer frente a los compromisos establecidos.

Asimismo, la Auditoría agrega que las pérdidas de capital social que registraban las líneas aéreas eran “causales de disolución” según la ley de sociedades comerciales. De hecho, Aerolíneas ya se encontraba en ese escenario el 31 de diciembre de 2007 y, de lo que surge de los estados contables sin auditar hasta el 17 de julio de este año, “la situación empeoró” porque, sin considerar los ajustes, muestran pérdidas netas que representan el 34% del valor contable del activo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su parte, le reclama a la línea de bandera $ 276 millones en concepto de retenciones del impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior, también registrados hasta el 17 de julio.

Por otro lado, Aerolíneas presenta arrendamientos de aviones que no fueron utilizados y que le causaron un perjuicio económico. Es el caso de un Airbus 320 Serie 302 que fue alquilada en febrero de este año. El avión había sido enviado desde Montreal hasta Toluca, México, para una inspección pero, en el camino, la Agencia Federal de Investigaciones de Narcóticos mexicana pidió una interdicción que finalmente fue levantada. La línea de bandera no va a usar la nave, que podrá ser retirada del taller “ni bien se negocie la devolución con el arrendador”, relata la AGN. Esto le costó a la empresa $ 2,6 millones. En tanto, el 1 de febrero y el 21 de mayo, también de este año, se incorporaron a la flota de Aerolíneas dos Airbus que “aún no han operado, generando un perjuicio económico de $ 4,5 millones sólo en concepto de arrendamiento”, completa el informe. 

En cuanto al control, ninguna de las líneas tiene auditorías internas lo que, sumado la “importante descentralización administrativa”, provoca que el ambiente de fiscalización esté “expuesto a riesgos”.

Los efectos de “las situaciones de incertidumbre que afectan significativamente los estados contables de Aerolíneas y Austral, aún no han podido ser cuantificados”, aclara la AGN.

El Estado asiste financieramente a las empresas desde el 10 de julio, mediante la transferencia de fondos para gastos corrientes. Hasta la fecha de cierre del informe, la ayuda ascendió a $ 737 millones.