El Senado sancionará hoy la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, medida avalada por el Poder Ejecutivo, que es el resultado directo del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el grupo español Marsans para acordar un precio de compra por ambas compañías aéreas.

La iniciativa que debatirá la Cámara alta en la sesión prevista para esta mañana dispone la declaración de utilidad pública de las aerolíneas y su expropiación de acciones. Esta postura es rechazada por la oposición: sostiene que, de esta manera, el Estado terminará haciéndose cargo de las deudas generadas por Marsans.

No obstante, las posturas están divididas. Mientras que la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo proponen la expropiación de las marcas y de los bienes muebles e inmuebles, el peronismo disidente, a través del puntano Adolfo Rodríguez Saá, pretende que se declare la quiebra con continuidad de las aerolíneas.

Pasivo millonario

Según el Tribunal de Tasación de la Nación, el pasivo de Aerolíneas y Austral -el paquete por expropiar incluye, además, las empresas de servicios Aero Handling y Jet Paq y la operadora turística Optar-, asciende a los 832 millones de dólares. Una cifra similar calculó la Auditoría General de la Nación, que dictaminó un patrimonio negativo de 2500 millones de pesos.

Para la oposición, con la expropiación propuesta por el oficialismo -extrañamente, el Poder Ejecutivo no se hizo cargo de redactar el proyecto de ley, sino que delegó esa tarea en sus diputados nacionales-, se estaría convalidando el vaciamiento que el propio Gobierno denunció en el mensaje que acompañó al proyecto de rescate de las compañías aéreas.

Por esa ley, sancionada el 3 de septiembre último, la Casa Rosada avaló un acta acuerdo firmada por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la cual el Estado pasaba a integrar el directorio de las aerolíneas, a aportar dinero para mantenerlas en funcionamiento y admitía un mecanismo de valuación para su adquisición final.

Sin embargo, ambas partes no se pusieron de acuerdo en la tasación, razón por la cual el Gobierno dio el visto bueno para avanzar en la expropiación.