La Oficina Anticorrupción de la Nación denunció ante la Justicia Federal el presunto delito de cohecho por parte del consorcio alemán Ferrostaal AG a funcionarios de la Armada Argentina y del Ministerio de Defensa de la Nación. 

También solicitó un exhorto diplomático a la República Federal de Alemania para lograr acceso a la causa que se está tramitando en la Fiscalía de Munich en relación a sobornos que la empresa germana habría pagado en varias partes del mundo, la Argentina incluida, para obtener contratos.

Esta denuncia, presentada el viernes último, se suma a la que efectuó pocos días antes el Ministerio de Defensa por las mismas sospechas de corrupción y luego de que La Capital revelara las declaraciones de un testigo de identidad reservada sobre cómo se habría hecho la operación ilegal a través de la intermediación del astillero alemán Fassmer. 

Según este testigo, ex miembro de Ferrostaal y detenido en Munich, funcionarios de ambas instituciones argentinas se habrían repartido poco más de 200 mil euros (cerca de un millón de pesos) en coimas por un contrato de diseño de buques de un valor de 3,5 millones de euros. 

La Oficina Anticorrupción venía investigando el caso desde el 7 de abril último y ahora resolvió hacer la presentación judicial porque aparentemente ha encontrado motivos suficientes de sospechas. 

En relación al contrato de los buques, conocidos como patrulleros oceánicos multipropósitos (POM), la Argentina firmó un acuerdo con el astillero estatal chileno Asmar para adquirir la ingeniería básica de al menos cinco unidades. Pero como la tecnología pertenecía al astillero Fassmer, cada que vez que nuestro país construyera una de estas lanchas debía pagar 500 mil euros al astillero alemán, titular del diseño. 

La Oficina Anticorrupción corroboró esta información a través de su investigación, según dijo en el comunicado que ayer distribuyó a la prensa.