EL SUPUESTO PAGO DE COIMAS POR LA CONSTRUCCION DE CUATRO PATRULLEROS OCEANICOS MULTIPROPOSITO: El juez Lijo pidió los viajes y los teléfonos del almirante Godoy, entre otras medidas.

La Justicia allanó la filial argentina de la empresa alemana Ferrostaal y los domicilios de media docena de marinos retirados, abogados y empresarios investigadas por el presunto pago y cobro de coimas en la compra de patrulleros oceánicos, un caso que también puso en la mira al jefe de la Armada, Jorge Godoy.

El juez federal Ariel Lijo pidió el detalle de los viajes de Godoy a Chile por este tema. De acuerdo con fuentes judiciales, es porque el Ministerio de Defensa había dicho que fue él quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país). Ambos países firmaron un convenio para desarrollar de manera conjunta los patrulleros oceánicos multipropósito (POM) de tecnología alemana.

El magistrado requirió incluso los nombres de los acompañantes de Godoy, los números de los teléfonos usados en los viajes, los pagos efectuados y los bancos y cuentas bancarias utilizadas. Las fuentes dijeron que Godoy no está imputado en la causa y que la información requerida no implica sospecha alguna sobre él sino que es básica para avanzar en la pesquisa.

La Justicia investiga una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal que habló del presunto pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la Argentina.

El presidente de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar por el escándalo. A la denuncia de Defensa -que primero dijo que las compras fueron "correctas"- se le sumó una posterior y similar realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal Eduardo Taiano imputó a los denunciados.

Mientras aguarda la información de la Armada y la documentación solicitada al Ministerio de Defensa (voceros de esta cartera dijeron que la próxima semana completarán el envío), por orden de Lijo se allanaron los domicilios del vicealmirante Gustavo Lepron, el contralmirante Alejandro Uberti (ambos retirados), el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella y dos directivos de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.

Los procedimientos también alcanzaron al estudio del abogado Helmut Cristian Graf y a la sede de una empresa constructora llamada Hedir que, según fuentes judiciales, estaría vinculada a Uberti.

El allanamiento en Ferrostaal se hizo la semana pasada y se secuestró documentación que ahora está en proceso de traducción. Los otros allanamientos se hicieron el último martes. Además, también figuran como denunciados el alemán Peter Fischer-Hollweg y el contralmirante Juan Carlos Palma.

Por este tema, Lepron perdió su cargo en la empresa Tandanor.

El juez también ordenó el libramiento de un exhorto a Alemania para pedir una copia de la declaración del ex hombre de Ferrostaal que habló de coimas que habrían superado los 200 mil euros, ya que él habló de entre "un 6% y un 6,5% del monto total del negocio: 3,5 millones de euros".

Defensa había informado que la Argentina pagó 2,7 millones de euros por la compra de la "ingeniería básica" de los POM, además de otros 500 mil euros por la licencia de construcción. En total, 3,2 millones de euros, 300 mil menos de los que se habló ante la Justicia alemana.