En abril del año pasado, la ex diputada Silvana Carrizo (FCS) presentó una denuncia por el pago de sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de la residencia universitaria que el Gobierno inauguró en 2015. 

La legisladora fundamentó que se produjo el desdoblamiento en múltiples contrataciones de la obra para evitar el llamado a una licitación pública y, de esa manera, favorecer a un grupo de empresas constructoras. 

"Se fraccionaron en múltiples e injustificadas contrataciones con la finalidad de eludir la aplicación de los montos del sistema de selección que los hubiera obligado, por ende, a realizar una licitación pública. Esta maniobra habilitó -de forma ilegal- la posibilidad de llevar a cabo la construcción de la residencia universitaria en varias contrataciones, utilizando el mecanismo de concursos de precios -procedimiento de carácter excepcional- conforme a la ley de obras públicas", explicó. En este marco señala que se beneficiaron cuatro empresas elegidas discrecionalmente por la anterior gestión de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, las cuales tendrían vinculación directa con los funcionarios de esa dependencia del Estado.

El aspecto más grave de la denuncia es el pago de exorbitantes sobreprecios por metro cuadrado para la edificación.
La presentación de Carrizo fue también contra la ex directora de Administración Financiera y Contable, Alejandra Quinteros, la ex tesorera de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Verónica Moya y los representantes de las empresas que resultaron beneficiadas con la licitación.

Fuente: www.elancasti.com.ar