El Tribunal de Cuentas objetó dos resoluciones del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).

La primera resolución cuestionada por el ente de control se refiere a la adjudicación directa a la empresa Ingeco del acueducto Lomas de Tafí. Las labores debían insumir, según el Ipvdu, casi $ 30,6 millones que deben ser financiados por la Nación.

El monto supera en el 10% el cálculo oficial realizado por los especialistas del TC, de poco más de $ 27,6 millones. "La oferta (de la empresa) presenta una variación sustancial de las cantidades computadas en varios ítems, y los precios unitarios difieren considerablemente. Es necesario que el Ipvdu aclare acerca de la razonabilidad de la oferta", se advirtió. 

El segundo caso se refiere a la adjudicación a la empresa Omodeo del mejoramiento de 107 viviendas en San Pablo (Lules). El emprendimiento fue otorgado, tras un cotejo de precios, en setiembre de 2008 por $ 3,9 millones cuando el presupuesto previsto era $ 400.000 menor (el monto final lo excedía en más del 10%). En el acuerdo 2.530 se señala que los ingenieros fiscales del ente de contralor advirtieron que el aumento no era razonable. A su vez, se cuestiona el procedimiento del Ipvdu de contratar los trabajos a precios actualizados sin especificar el mecanismo utilizado para ese fin. "La repartición utiliza un mecanismo distinto al previsto por el Decreto Acuerdo 23/3 lo que, pese a los intentos de justificación, resulta objetable", se planteó.