Publicado: 31-08-2014

Un intenso debate protagonizaron hace una semana los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los resultados de la cuenta de inversión 2012. La discusión se zanjó con el voto mayoritario del oficialismo, que aprobó la ejecución de las cuentas públicas de ese año, mientras que la oposición optó por la "abstención de opinión".

La posición de la minoría se basa en varias razones, pero fundamentalmente en la situación de la Anses y el problema de la deuda pública.

Sobre la Anses, la oposición señaló que teme que "el régimen previsional se torne insostenible" debido a la incertidumbre que existe sobre el impacto que tendrán en las arcas de ese organismo los juicios en su contra.

Respecto de la deuda pública, indicaron que mientras no se resuelva el problema de los que quedaron afuera de la reestructuración 2005 y 2010 (holdouts), rige una total incertidumbre al respecto.

La postura de la oposición, integrada por Leandro Despouy, Horacio Pernasetti y Alejandro Nieva provocó una dura respuesta del oficialismo, que integran Oscar Lamberto, Vicente Brusca, Javier Fernández y Vilma Castillo.

"La sentencia del juez [Thomas] Griesa puede tener impacto en 2014, 2015 o 2016. Pero no en la cuenta de 2012 -enfatizó Lamberto-. Argumentar que no se aprueba la cuenta por ese fallo es darle la razón a Griesa. Es ponerse del lado de los buitres."

Pernasetti, insistió. "La abstención corresponde cuando un auditor no logró reunir elementos suficientes para formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables. Se puede justificar a partir de la «incertidumbre sobre hechos futuros» que, entre otros motivos, pueden provocar «juicios pendientes de resolución». Este es el caso", sostuvo.

La oposición también cuestionó la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, el "aumento notable" de las modificaciones que, en 2012, ascendieron a más de 83 mil millones de pesos. Asimismo, señalaron que mientras la ley de presupuesto de ese año preveía un superávit financiero de 1446 millones, la cuenta arrojó un déficit de 60.257 millones. Un valor que no se alcanzaba desde 2001, alertó la oposición.