Informes anteriores, tanto de la Ciudad como de la Nación, pusieron en alerta el hábitat popular. Tiempo atrás, la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un duro documento sobre el programa Sueños Compartidos que, además de un sospechoso manejo de fondos, detectó que el metro cuadrado está sobrevaluado en un 77% y que hay deficiencias en la construcción de casas al punto de volverlas inhabitables. 

El organismo de control porteño, por su parte, en un informe aprobado en febrero de 2013, señaló que hubo una “deficiente gestión” sobre las relocalizaciones de los habitantes de villas y asentamientos precarios de los alrededores del Riachuelo, porque, entre otras cuestiones, se proyectaron “obras en terrenos intrusados o categorizados como Patrimonio Histórico”. 

Esta vez el eje del informe de la Auditoría Nacional es el programa "Techo Digno" que desde 2009 está bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y cuyo objetivo es "construir viviendas y obras de infraestructura complementarias".

Para organizar la multiplicidad de llamados de atención que realizó el organismo de control, resulta práctico empezar por las viviendas en sí, que "no cumplen con los estándares mínimos de calidad". 

En el informe se destaca la -mala- elección técnica y legal de los terrenos ya que, por ejemplo, en las 300 unidades construídas en Ezeiza se encontraron "zonas proclives a inundaciones por estar cerca al Arroyo Aguirre, gran cantidad de residuos y aguas estancadas, terrenos compuestos de arcilla no aptos para la construcción, deficiencias en el acondicionamiento térmico, carpinterías fuera de los estándares, incumplimientos de las normas de Seguridad e Higiene por parte de las empresas contratistas y falta de elementos de seguridad para evitar la intrusión". 

A la hora de evaluar un programa habitacional es importante trascender lo puramente arquitectónico y hacer hincapié en que para los sectores más vulnerables, además de las cuestiones de infraestructura, son fundamentales también los servicios asociados a ese lugar, ya sea agua, luz, gas y otros como la accesibilidad a los medios de esparcimiento, a los servicios educativos y de salud y la conectividad al transporte público. 

Pero sobre este punto la Auditoría no detectó un panorama muy alentador en los barrios R. Favaloro y M.T. Calcuta de José C. Paz. Allí viven cerca de 1850 familias, sin embargo se constató que "no hay instituciones educativas, ni públicas ni privadas, ni existe un centro de salud ambulante". Tampoco hay espacios destinados a actividades recreativas, deportivas ni sociales.

En Ezeiza, por ejemplo, en donde la unidad ejecutora es la Dirección de Vivienda, "no se puede acceder a la cantidad de familias que integran el padrón de postulantes". Es que "el listado tiene una actualización manual" y tanto las encuestas como los informes sociales "estaban incompletos, desordenados y fuera de los legajos correspondientes".

Ante esta situación, para la AGN "la documentación no es confiable para evaluar y justificar la prioridad de situación social de una familia seleccionada". De hecho, "no existe una norma que defina criterios para la selección de postulantes".

En José C. Paz, "no existe un padrón de solicitantes ni de adjudicaciones" por lo tanto "se desconoce la demanda efectiva y la evolución habitacional local". Tampoco existía una norma para seleccionar a las familias o a los adjudicatarios cuando la demanda supera la cantidad de viviendas previstas.