Érase una vez un organismo estatal que se encargaba de fiscalizar el comercio agropecuario. Tuvo su época de esplendor, justamente, durante la segunda mitad de la década pasada, en pleno boom exportador, sobre todo de granos y oleaginosas. Y tal fue su importancia, que hasta contó con miles de millones de pesos para compensar a los productores que, en lugar de sucumbir a la tentación de vender en el extranjero, decidían abastecer el mercado interno.

El problema fue que, mientras existió, esta oficina nunca contó con una base de datos que detallara quién le pedía las ayudas económicas, repartió fondos sin sortear varias falencias administrativas y no recuperó los montos mal otorgados. Por si faltaba algo, jamás logró armar un área de control interno.  

Se trató de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que, tras casi 15 años de funcionamiento, fue disuelta por decreto en febrero de 2011. 

Pese al tiempo transcurrido, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó recientemente un informe en el que analizó la labor de este organismo y que incluye algunas perlas que merecen ser recordadas. 

Compensaciones

Por una resolución de 2007 del Ministerio de Economía, la ONCCA fue designada como administradora de un mecanismo de subsidios mediante el cual el Estado nacional compensaba a los operadores que comercializaban en el mercado interno su producción de trigo, maíz, girasol, soja y sus derivados.

La AGN centró su examen en cómo la Oficina desempeñó este rol entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2009, lapso en el que se transfirieron a privados unos $ 5.912.478.911.

“Para la gestión del mecanismo de compensaciones, la ONCCA contaba con herramientas informáticas diversas”, dijo la Auditoría, en referencia a lo que consideró elementos “restrictivos y de escasa aplicación”, que generaron “duplicidad de registros, limitaciones y baja confiabilidad”.

Paralelamente, el informe repasa el caso del sistema Jauke que, a pesar de ser usado para llevar el registro de las compensaciones, se observó que “no guardaba ninguna correlatividad en la asignación alfanumérica de las carátulas de los expedientes”.

Ante estos hallazgos, la AGN concluyó que “durante el periodo analizado coexistieron dos sistemas de registro de expedientes, lo que provocó una dispersión en el seguimiento de las actuaciones administrativas y dificultades para su ubicación de acuerdo con el estado de trámite”.

De hecho, tal fue la dispersión, que la Oficina no logró responder a varios pedidos del equipo de auditores, como por ejemplo los expedientes de recursos administrativos iniciados por solicitantes o beneficiarios de subsidios, cuyas compensaciones fueron rechazadas, impugnadas o recalculadas. 

Tampoco la ONCCA pudo mostrar cómo actuó en aquellos casos en que detectó irregularidades o errores en los expedientes de pago de compensaciones que, además, “conllevaban perjuicio fiscal”; ni expuso las actuaciones sumarias que inició a raíz de las infracciones de los beneficiarios o solicitantes de los subsidios. 

En cuanto al control que podía tener la Oficina sobre el desembolso de las compensaciones, la AGN manifestó que “la cuenta bancaria utilizada para la asignación de subsidios no formaba parte de la Cuenta Única del Tesoro ni estaba incluida dentro de los registros del Sistema Local Unificado” -NdR: estos ítems, CUT y SLU, corresponden al Tesoro Nacional-. El informe adjunta que “los pagos se realizaban en forma extemporánea con relación a la ejecución presupuestaria. Y además los beneficiarios no contaban con el alta ante la Tesorería General de la Nación, para que se realicen los pagos en sus cuentas”.

Es más, dice la investigación que la ONCCA “no dispuso de un registro sistemático que vinculara de manera indubitable las resoluciones de pago con las registraciones presupuestarias”, es decir, se advirtieron “diferencias” entre los documentos que reflejaban los desembolsos de los subsidios y los papeles examinados por la AGN. 

Entre estas diferencias, la Auditoría enumera “importes expuestos en la parte resolutiva que no coincidían con las sumas de los anexos; montos consignados en la parte resolutiva superiores a los montos pagados; y resoluciones indicando montos autorizados a pagar y consignados en los anexos que no se pagaron”.

También se detectaron “Resoluciones de Pago” en las que se establecían “revocaciones o correcciones a los montos autorizados a pagar”.  

Frente a esto, el informe concluye que “en todos los casos se verificó que no se reintegraron los montos” involucrados.

No obstante, y más allá de quienes cobraban los subsidios, la Auditoría nacional dedicó un párrafo a la labor de la ONCCA en relación a los aspirantes de las compensaciones. 

En este caso, dice la investigación que la Oficina “no contaba con registros o bases de datos que aportaran información sobre el universo de solicitudes de compensación presentadas, así como de su seguimiento, tramitación y estado de las mismas”. 

Justamente por eso, al momento del informe, la ONCCA “no pudo establecer proyecciones sobre el universo de solicitantes, la importancia relativa del beneficiario respecto de su participación en el mercado, el índice de rechazos de solicitudes (y sus motivos), el tiempo de tramitación de los beneficios, las eventuales demoras”.

Para completar el tema compensaciones, la AGN revisó una muestra de expedientes y advirtió “deficiencias en el cumplimiento de las normas” por parte de los beneficiarios. 

Entre los incumplimientos, surgieron la “falta de firmas y/o sellos que identifiquen el carácter invocado en las presentaciones de los beneficiarios y falta de firmas en los anexos por parte del Contador Público certificante”, más otras. 

No obstante la Auditoría remarca la “inacción de la ONCCA frente al no cumplimiento de las normas por parte de los terceros”.

Igualmente, entregar y hacer el seguimiento de subsidios son dos tareas bien diferentes que, difícilmente puedan –y deban- ser llevadas adelante por un solo organismo, ya sea por la capacidad del ente en cuestión, como por la necesidad de preservar cierta prolijidad en este tipo de operatoria. 

Lo explica mejor la AGN: “La normativa general que sustentaba la creación del programa (de reparto de dinero), concentraba en un mismo Organismo (la ONCCA) las facultades para regular y controlar la operatoria de las distintas cadenas agroalimentarias y a sus actores, como asimismo las de otorgar y liquidar las compensaciones. En este orden de ideas, no resulta adecuado que las funciones de compensación, promoción o fomento de dichas actividades a través de subsidios y reembolsos esté a cargo de la misma autoridad encargada de la fiscalización de las mismas, ya que esencialmente son cometidos de distinta naturaleza, que apuntan cada una a finalidades específicas, ambas complejas en su instrumentación y cumplimiento, (por) lo que requiere su tratamiento en forma separada”.

A pesar de ocupar el lugar central en el programa de compensaciones, no fue posible medir la eficacia de la ONCCA en el desempeño de esta tarea ya que, según la Auditoría, “el otorgamiento de subsidios no se encontraba incluido dentro de sus metas físicas”.

Otros recuerdos

Por otro lado, la Auditoría señaló que la Oficina “careció de estructura organizativa aprobada acorde con las responsabilidades que le fueron otorgadas durante la casi totalidad de su existencia”. 

Además, tampoco tuvo “manuales de procedimiento que determinaran los circuitos administrativos y las responsabilidades que les correspondían en la gestión. Esta situación se mantuvo hasta su disolución”.

Y para colmo, la norma que dispuso la creación de la ONCCA “no contemplaba” la conformación de una Unidad de Auditoría Interna (UAI)”, lo que equivale a decir que puertas adentro de la Oficina no había un área que se encargara de fiscalizar la marcha de la gestión. 

De “forma supletoria”, completó la AGN, quien asumió esa responsabilidad fue la UAI del Ministerio de Economía.